Tribunal Constitucional acoge acción contra voto preferencial y arrastre en seis provincias dominicanas
Santo Domingo, RD.- El Tribunal Constitucional (TC) acogió este jueves la acción de amparo constitucional presentada por la Fuerza Nacional Progresista (FNP) contra la Ley 157-13, que regula el voto preferencial y permitía el arrastre de diputados a favor de senadores en seis importantes provincias: Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, La Vega, Puerto Plata y San Cristóbal.
Contexto y recursos contra la resolución de la Junta Central Electoral
Diversos partidos políticos habían interpuesto recursos de inconstitucionalidad contra una resolución de la Junta Central Electoral (JCE) que mantenía el voto de arrastre en estas seis demarcaciones. Por ello, el TC programó una audiencia pública para el próximo 12 de agosto, donde se analizarán estas impugnaciones.
Hasta el cierre de esta edición, el Tribunal Constitucional no ha emitido un comunicado oficial confirmando la eliminación definitiva del mecanismo de arrastre en el sistema de votación.
Reacciones tras la decisión del Tribunal Constitucional
El dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, Vinicio Castillo Semán, valoró positivamente la decisión del TC, señalando que con ella se ha hecho justicia y se fortalece la Constitución y la democracia dominicana.
“Fui muy perjudicado con el arrastre en las últimas elecciones como candidato a senador por el Distrito Nacional. Demandé la inconstitucionalidad de ese sistema ante el TC. Hoy (jueves) puedo decir que se hizo justicia. Prevaleció la Constitución y la democracia en la República Dominicana”, afirmó Castillo Semán en su cuenta de Twitter @VinicioSenador.
Además, destacó que la eliminación del voto de arrastre permitirá que el pueblo elija libremente a su candidato a senador y a su aspirante a diputado, en boletas y niveles electorales separados, fortaleciendo así la participación ciudadana.
Antecedentes del proceso legal y postura de la JCE
La FNP presentó la acción constitucional de amparo preventivo el pasado 13 de mayo ante el Tribunal Superior Electoral (TSE), impugnando la resolución 04-2019 de la JCE, que eliminaba parcialmente el voto de arrastre.
Sin embargo, con votos disidentes, el TSE declaró que no tenía competencia para conocer el caso y remitió el expediente al Tribunal Superior Administrativo (TSA). Este último lo declaró inadmisible, argumentando que la vía correcta era una acción directa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
La Junta Central Electoral, el 7 de mayo, emitió la resolución que eliminaba el arrastre de senadores a través del voto a favor de diputados en 26 provincias, pero mantuvo el mecanismo en seis, incluyendo el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, La Vega, Puerto Plata y San Cristóbal.
Esta decisión se basó en el artículo 92 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral No. 15-19, aprobada unánimemente en sesión extraordinaria del Pleno de la JCE.
No obstante, el miembro titular de la JCE, Roberto Saladín Selín, manifestó su desacuerdo con el voto de arrastre, considerándolo contrario a la Constitución.
“Asentí firmar la resolución del 7 de mayo de 2019, donde en 26 provincias los electores votarían con cuatro boletas para los niveles presidencial, senadores, diputados y alcaldes, porque contribuiría a fortalecer nuestro sistema democrático, afectado durante años por la violación del voto directo”, expresó Saladín Selín en una carta dirigida a los demás miembros del Pleno.
El futuro del voto preferencial y la democracia dominicana
Con la reciente resolución del Tribunal Constitucional y el debate en torno al voto de arrastre, se abre un nuevo capítulo en la reforma electoral dominicana. La eliminación de este mecanismo en las seis provincias más pobladas podría significar un avance hacia elecciones más transparentes y una mayor libertad de elección para los ciudadanos.
La atención ahora está puesta en la audiencia del 12 de agosto y en las posibles medidas que adopte la Junta Central Electoral para ajustar el sistema de voto preferencial conforme a la Constitución.
Este proceso reafirma el compromiso institucional con la defensa de la democracia y la garantía del voto directo en la República Dominicana.
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