PRM exige a la JCE reforzar regulación sobre participación de funcionarios en actos políticos
El Partido Revolucionario Moderno (PRM) solicitó formalmente a la Junta Central Electoral (JCE) revisar y ampliar las normativas que regulan la participación de los funcionarios públicos en actividades proselitistas. La petición busca evitar que servidores estatales incurran en prácticas que puedan afectar la transparencia electoral.
Detalles de la solicitud presentada a la Junta Central Electoral
La instancia fue entregada a través de la secretaría general de la JCE por el delegado político Orlando Jorge Mera y el dirigente Tony Raful. En ella, los representantes del PRM demandan que se amplíe la resolución 33-19 del 28 de noviembre, para que los funcionarios se abstengan de participar en programas televisivos y actividades políticas durante su horario laboral.
Casos específicos y solicitud de medidas
En particular, el PRM citó a figuras como el ministro de Turismo, Francisco Javier García, y al vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Rubén Bichara, señalando su participación en actos proselitistas como ejemplo de posible incumplimiento. Además, Tony Raful pidió que la JCE adopte medidas para limitar la presencia de altos funcionarios en eventos públicos, argumentando que esto constituye una violación directa a la Ley Electoral.
Sobre el presidente de la República, Danilo Medina, Raful aclaró que, aunque no esté en horario laboral, continúa ejerciendo como jefe de Estado, por lo que también debe regirse por estas restricciones.
Objetivos y alcances de la petición del PRM
En sus declaraciones, Orlando Jorge Mera explicó que el propósito es limitar el aumento en la contratación de publicidad estatal y personal temporal, así como controlar la inauguración de obras públicas y el lanzamiento de programas sociales con fines electorales. Estas medidas buscan garantizar un ambiente político más justo y evitar el uso indebido de recursos públicos.
La solicitud del PRM a la Junta Central Electoral subraya la importancia de reforzar la regulación para proteger la integridad del proceso electoral y evitar que los funcionarios públicos utilicen sus cargos para influir en campañas políticas durante su jornada laboral.
Crédito: Diario Libre
