Jurista Namphi Rodríguez destaca proceso de consulta de la JCE sobre derecho al nombre
Santo Domingo, RD.- El reconocido jurista Namphi Rodríguez valoró positivamente que la Junta Central Electoral (JCE) haya iniciado un proceso de consulta para corregir la omisión del procedimiento administrativo en la adopción de la resolución 03/2017, que regula el derecho al nombre de las personas declaradas abandonadas.
Rodríguez enfatizó que esta norma presenta serias dudas de inconstitucionalidad, debido a la violación del derecho fundamental a la información pública, un aspecto clave en el marco legal dominicano.
Violación a la Constitución y leyes administrativas
El experto, quien es catedrático de la maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), señaló que la resolución infringe los artículos 49 y 138 de la Constitución, al no cumplir con el trámite de información pública previo a su emisión.
Además, rechazó las posturas que buscan que la JCE ignore el deber de información y el debate público, tal como exige el artículo 23 de la Ley 200-04, de Acceso a la Información Pública.
Destacó que, conforme a la Ley de los Procedimientos Constitucionales y la Ley 107-13 sobre Procedimiento Administrativo, estas violaciones son “inconvalidables e insubsanables”, generando una “nulidad de pleno derecho” de la resolución.
Resolución con efectos generales y derechos fundamentales
Rodríguez explicó que la resolución tiene un “carácter abstracto” y efectos generales, imponiéndose tanto a los poderes públicos como a los ciudadanos. No es una simple medida interna de la JCE, ya que otorga derechos fundamentales, como el derecho al nombre.
Propuesta para una solución constitucional
El jurista manifestó su apoyo a buscar soluciones para las personas sin identidad, conforme a los artículos 38 y 55 de la Constitución. Sin embargo, advirtió que cualquier medida debe respetar plenamente la Carta Magna.
“No podemos permanecer como un Convidado de Piedra ante un reglamento inconstitucional ni ilegal”, afirmó, advirtiendo que la arbitrariedad podría afectar otros temas en el futuro si no se corrige esta situación.
Expectativas y responsabilidad de la JCE
Rodríguez destacó que la sociedad ha otorgado un voto de confianza a la JCE, que ahora debe demostrar respeto por el procedimiento administrativo en el ejercicio de su potestad reglamentaria constitucional.
Subrayó que no se trata solo de un derecho de audiencia para las partes interesadas, sino de un debate público amplio que permita a la ciudadanía opinar y corregir los posibles errores de la norma.
“El trámite de información pública es una legitimación democrática necesaria para una norma tan controversial”, añadió, señalando que la polémica generada evidencia la urgencia de este proceso.
Reforma legal necesaria para proteger derechos fundamentales
Finalmente, el académico abogó por que el tema de las personas declaradas abandonadas sea regulado mediante ley, dado que el artículo 74 de la Constitución establece reserva legislativa para derechos fundamentales.
“Esta es una oportunidad para reformar leyes antiguas, como la de Actos del Estado Civil y Filiación de Hijos Naturales, y alinearlas con las disposiciones constitucionales”, concluyó Rodríguez.
