Santo Domingo– El dirigente perredeista Guido Gómez Mazara y el doctor Domingo Rojas Pereyra, por vía de la Fundación Nacional de los Derechos de la Juventud y la Fundación Nacional de los Derechos Civiles, solicitaron formalmente por ante la Magistrada Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos para que se investigue el rol, operaciones, actos de parcialidad, cumplimiento del pago de impuestos y recepción de fondos provenientes de la empresa constructora ODEBRECHT a favor del economista Andrés Dauhajre porque bajo la condición de asesor de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) jugó un papel sospechoso durante el proceso de licitación de la planta Punta Catalina.
Para los abogados, el reportaje de la periodista Alicia Ortega revela manejos y ventajas en una operación en la que la condición de asesor de CDEEE terminó colocando en los bolsillos del señor Dauhajre montos que rebasan la suma de 3 millones de dólares, bajo el status de “contratado” por la empresa brasileña que, meses antes, obtener la licitación dependía de opinión institucional del economista y que su relación laboral con una entidad pública cae dentro del ámbito de responsabilidad del PEPCA, pero desafortunadamente la extraña pasividad de dicha entidad, nos colocó en la situación de depositar por ante la procuradora fiscal del Distrito Nacional todo el expediente.
Señalaron que han sido los mismos delatores de todo el proceso de ODEBRECHT los que establecieron que los mecanismos de pago se ejecutaban por vía del Departamento de Sobornos, claramente definidos por la empresa con la meta de conseguir contratos, y en el caso de Punta Catalina, es necesario recordar la cantidad de recursos públicos destinados para su construcción porque no existió la posibilidad de conseguir financiamiento internacional para la obra, lo que resulta contraproducente con los “resultados”, la aparición de un contratado que no logra el objetívo pero es remunerado con sumas millonarias.
Gómez Mazara y Rojas Pereyra advirtieron que los rastros que sirven de materia prima para la actuación responsable de la Magistrada Rosalba Ramos, respecto de investigar al economista Andrés Dauhajre se retraran en la adquisición de un inmueble ubicado en la calle 135 west 52 calle de la ciudad de New York, adquirido por la compañía Baker Street Financial, operación inmobiliaria documentada y que su origen está en los fondos pagados por ODEBRECHT, de ahí que dichas maniobras caben perfectamente en el ámbito del Código Penal cuando aborda el Soborno o Cohecho desde el artículo 177 hasta 183 y la ley 155-17 sobre Lavado de Activos, sin olvidar que el órgano coordinado por la Magistrada Guerrero faculta en su artículo 4 decreto 324-07 su responsabilidad de accionar cuando se actúa contra el interés del Estado y Patrimonio Público. Por eso, la actual querella con constitución en actor civil.
Los abogados reiteraron que a la luz de los hechos claramente verificables, el ministerio público debe activar sus mecanismos para actuar debido a que la “pasividad” poco entendida del PEPCA, olvida que el artículo 262 y siguientes del Código Penal habilitan a toda persona que conozca de un hecho ilegal puede ponerlo en conocimiento de las autoridades y que la ley 821 en su artículo 57 establece que es el Ministerio Público el llamado a perseguir las infracciones por lo que exhortó a las autoridades actuar con la firmeza e integridad que demanda la sociedad debido a la enorme contribución hecha por la comunicadora Alicia Ortega al revelar los laberintos y ventajas financieras de ciudadanos que, nos vendían un status de imparcialidad técnica, durante la asignación de la planta Punta Catalina y terminaron tomando ventajas millonarias “desconocidas” por las autoridades.
