Andy Dauhajre entrega expediente Odebrecht a Fiscalía para investigación

Dirigentes y abogados exigen investigación sobre Andrés Dauhajre y Odebrecht en Punta Catalina

Santo Domingo – El dirigente perredeista Guido Gómez Mazara y el doctor Domingo Rojas Pereyra, a través de la Fundación Nacional de los Derechos de la Juventud y la Fundación Nacional de los Derechos Civiles, solicitaron formalmente a la magistrada procuradora fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, que se investigue el rol y las operaciones del economista Andrés Dauhajre en el proceso de licitación de la planta Punta Catalina.

La petición se centra en posibles actos de parcialidad, el cumplimiento del pago de impuestos y la recepción de fondos provenientes de la empresa constructora brasileña ODEBRECHT. Dauhajre, en su condición de asesor de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), habría desempeñado un papel sospechoso en el proceso, lo que genera dudas sobre su integridad y transparencia.

Revelaciones clave del reportaje de Alicia Ortega

Según los abogados, el reportaje de la periodista Alicia Ortega pone en evidencia manejos irregulares y ventajas indebidas en la operación. La condición de asesor de Dauhajre en la CDEEE terminó favoreciéndolo con pagos que superan los 3 millones de dólares, bajo el estatus de “contratado” por Odebrecht.

Este contrato resulta especialmente cuestionable porque, meses antes de la licitación, Dauhajre tenía influencia directa en la opinión institucional sobre la adjudicación. Su relación con una entidad pública lo coloca bajo la supervisión del PEPCA, entidad que hasta ahora ha mostrado una preocupante pasividad, lo que motivó la presentación formal del expediente ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional.

Delatores y el Departamento de Sobornos de Odebrecht

Los mismos delatores del caso Odebrecht confirmaron que los pagos se realizaban a través del llamado Departamento de Sobornos, diseñado para obtener contratos de manera ilícita. En el caso de Punta Catalina, la importancia de estos recursos públicos es aún mayor, ya que no existió financiamiento internacional para la obra.

Este contexto resulta contradictorio con los resultados obtenidos, pues un contratado que no logra los objetivos fue remunerado con sumas millonarias, lo que pone en duda la transparencia del proceso y el uso eficiente de los fondos estatales.

Investigación sobre adquisición de inmueble en Nueva York

Gómez Mazara y Rojas Pereyra señalaron que uno de los indicios fundamentales para la investigación que debe liderar la magistrada Rosalba Ramos es la compra de un inmueble en la calle 135 West 52 de la ciudad de New York. Esta propiedad fue adquirida por la compañía Baker Street Financial y, según los denunciantes, su origen estaría vinculado a los fondos pagados por Odebrecht.

Estas maniobras encajan en el marco del Código Penal dominicano, en sus artículos 177 a 183, que abordan el soborno y cohecho, así como en la ley 155-17 sobre lavado de activos. Además, el decreto 324-07, coordinado por la magistrada Guerrero, faculta a la Procuraduría para actuar contra delitos que afecten el interés del Estado y el patrimonio público.

Por ello, la querella presentada incluye la constitución en actor civil para fortalecer la acción judicial contra estos presuntos delitos.

Exhortan al Ministerio Público a actuar con firmeza

Los abogados reiteraron que, a la luz de los hechos verificables, el Ministerio Público debe activar sus mecanismos de investigación y persecución penal. Criticaron la “pasividad” del PEPCA, recordando que el artículo 262 y siguientes del Código Penal facultan a cualquier persona para denunciar hechos ilícitos ante las autoridades.

Asimismo, la ley 821, en su artículo 57, establece que es responsabilidad del Ministerio Público perseguir las infracciones penales. Por ello, hicieron un llamado urgente a las autoridades para actuar con la integridad y firmeza que la sociedad demanda.

Destacaron también la valiosa contribución de la periodista Alicia Ortega, quien ha revelado las complejas redes financieras y las ventajas millonarias obtenidas por ciudadanos que, bajo un supuesto estatus de imparcialidad técnica, se beneficiaron en la asignación de la planta Punta Catalina, hechos hasta ahora desconocidos por las autoridades.