Bartolo García
Santo Domingo.– El Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional el Decreto 308-06, normativa que durante casi dos décadas reguló los horarios de venta de bebidas alcohólicas en colmados, bares, discotecas, casinos y otros centros de diversión, al considerar que esa facultad corresponde al Congreso Nacional y no al Poder Ejecutivo.
La decisión está contenida en la sentencia TC/0689/26, emitida tras una acción directa de inconstitucionalidad presentada por el abogado Víctor Eddy Mateo Vásquez, quien cuestionó la legalidad del decreto presidencial que establecía restricciones para el expendio de bebidas alcohólicas.
En su fallo, el Tribunal Constitucional estableció que la regulación de los horarios para la venta de bebidas alcohólicas debe realizarse mediante una ley aprobada por el Congreso, al tratarse de una materia reservada al Poder Legislativo, lo que redefine los límites del poder reglamentario del presidente de la República.
Aunque el proceso se originó por las restricciones de horario impuestas al expendio de bebidas alcohólicas, la decisión de la alta corte trasciende ese aspecto específico, ya que fija un precedente sobre el alcance de las atribuciones del Poder Ejecutivo en relación con las competencias legislativas.
No obstante, el Tribunal dispuso que el Decreto 308-06 permanecerá vigente durante un período de dos años a partir de la notificación de la sentencia, con el propósito de evitar un vacío jurídico mientras las autoridades competentes adoptan la normativa que sustituirá el decreto.
La decisión busca garantizar la continuidad de la regulación vigente durante ese período de transición, permitiendo que el Congreso Nacional tenga el tiempo necesario para debatir y aprobar una legislación que establezca el marco legal correspondiente sobre los horarios de venta de bebidas alcohólicas.
Con esta sentencia, el Tribunal Constitucional reafirma el principio de separación de poderes y delimita las competencias entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, al tiempo que deja abierta la posibilidad de que el país cuente con una nueva regulación sobre el expendio de bebidas alcohólicas sustentada en una ley aprobada por el Congreso.
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