Después de más de diez audiencias y rechazo a numerosos incidentes presentados por la defensa de los implicados en el caso Odebrecht, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ha dado curso al juicio de fondo, con la lectura de la presentación formal de la acusación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). El tribunal, al rechazar insistentemente los pedimentos de la defensa de los implicados, ordenó al titular del Pepca, Wilson Camacho, a fiscales y fiscalizadores que los acompañan, iniciar la lectura de la acusación.
En efecto, el tribunal aplazó la audiencia para el próximo 12 de noviembre, para dar oportunidad a uno de los abogados de la defensa de los inculpados a viajar a una comunidad, ordenando continuar la lectura de la acusación para ese día, a las 9:00 de la mañana.
Esta decisión fue adoptada luego de acoger una solicitud del Ministerio Público para que declarara inadmisible un recurso de oposición presentado por la defensa del imputado Conrado Pittaluga, contra el rechazo de los jueces a un incidente para anular el proceso.
Tras el tribunal ordenar la presentación de la acusación, los fiscales empezaron a detallar los cargos imputados al empresario Ángel Rondón, al expresidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Andrés Bautista; al exsenador Tommy Galán; al abogado Conrado Pittaluga, al exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y a Roberto Rodríguez, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados.
Los fiscales Mirna Ortiz, Milcíades Guzmán, Isis de la Cruz, José Miguel Marmolejos Vallejo, y los fiscalizadores Elizabeth Paredes Ramírez y Ernesto Guzmán enumeraron los delitos cometidos por los imputados de sobornos, prevaricación, enriquecimiento ilícito, falsedad en escritura y lavado de activos.
El órgano acusador indicó que las pruebas aportadas por la empresa brasileña Odebrecht constituyen una pieza importante en la acusación, con la que se busca que los imputados sean condenados en el juicio de fondo por el caso de los US$92 millones que la empresa Odebrecht pagó en sobornos en el país.