Sobornos de Odebrecht a juicio de fondo

Después de más de diez au­diencias y rechazo a nu­merosos incidentes pre­sentados por la defensa de los implicados en el caso Odebrecht, el Primer Tribu­nal Colegiado del Distrito Nacional ha dado curso al juicio de fondo, con la lectu­ra de la presentación formal de la acusación de la Pro­curaduría Especializada de Persecución de la Corrup­ción Administrativa (Pep­ca). El tribunal, al rechazar insistentemente los pedi­mentos de la defensa de los implicados, ordenó al titu­lar del Pepca, Wilson Ca­macho, a fiscales y fiscaliza­dores que los acompañan, iniciar la lectura de la acu­sación.

En efecto, el tribunal aplazó la audiencia para el próximo 12 de noviembre, para dar oportunidad a uno de los abogados de la de­fensa de los inculpados a viajar a una comunidad, or­denando continuar la lectu­ra de la acusación para ese día, a las 9:00 de la maña­na.

Esta decisión fue adop­tada luego de acoger una solicitud del Ministerio Pú­blico para que declarara inadmisible un recurso de oposición presentado por la defensa del imputado Con­rado Pittaluga, contra el rechazo de los jueces a un incidente para anular el proceso.

Tras el tribunal ordenar la presentación de la acu­sación, los fiscales empe­zaron a detallar los cargos imputados al empresario Ángel Rondón, al expresi­dente del Partido Revolu­cionario Moderno (PRM), Andrés Bautista; al exsena­dor Tommy Galán; al abo­gado Conrado Pittaluga, al exministro de Obras Públi­cas, Víctor Díaz Rúa, y a Ro­berto Rodríguez, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantari­llados.

Los fiscales Mirna Ortiz, Milcíades Guzmán, Isis de la Cruz, José Miguel Mar­molejos Vallejo, y los fisca­lizadores Elizabeth Paredes Ramírez y Ernesto Guzmán enumeraron los delitos co­metidos por los imputados de sobornos, prevaricación, enriquecimiento ilícito, fal­sedad en escritura y lavado de activos.

El órgano acusador indi­có que las pruebas aporta­das por la empresa brasile­ña Odebrecht constituyen una pieza importante en la acusación, con la que se busca que los imputados sean condenados en el jui­cio de fondo por el caso de los US$92 millones que la empresa Odebrecht pagó en sobornos en el país.