Bartolo García
Santo Domingo, RD. – La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia), a través de su Dirección Ejecutiva, anunció el inicio de una investigación de oficio contra cuatro empresas por presunta coordinación de ofertas en un proceso de licitación pública convocado por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE).
Las compañías bajo investigación son Blue Caribe, S.R.L.; Ultracaribe, S.R.L.; Karbix Group, S.R.L.; y Grupo Tanto Caribe, S.R.L., todas vinculadas a un procedimiento de compras del Programa de Alimentación Escolar.
La Dirección Ejecutiva informó que durante la revisión de los documentos de la licitación se detectaron múltiples coincidencias que fortalecen la hipótesis de una posible colusión para manipular los resultados.
Entre los hallazgos figuran vínculos societarios entre los oferentes, el uso compartido de los mismos auditores y notarios, así como la obtención de documentos clave —como pólizas de fianza y permisos sanitarios— con numeración consecutiva y fechas idénticas.
Estas coincidencias, explicó Pro-Competencia, podrían evidenciar una estrategia coordinada para simular competencia y obtener ventajas indebidas en el proceso de adjudicación.
La conducta bajo investigación está contemplada en el artículo 5, literal “b” de la Ley 42-08, que prohíbe expresamente los acuerdos entre empresas para coordinar ofertas en licitaciones públicas.
La institución subrayó que esta resolución no implica una determinación de culpabilidad, sino la apertura formal de la fase investigativa, donde se contrastarán los elementos recabados.
En este sentido, Pro-Competencia recordó que los investigados gozan de presunción de inocencia, y que tendrán derecho a ejercer su defensa en cada etapa del procedimiento hasta que exista una decisión final y firme.
El caso llegó a la entidad tras una alerta presentada por el propio INABIE, que remitió los expedientes para fines de verificación e investigación.
La Dirección Ejecutiva reafirmó que su objetivo es garantizar procesos competitivos, transparentes y justos en el marco de las compras públicas, especialmente en sectores sensibles como el de la alimentación escolar.
Autoridades recordaron que la colusión en licitaciones públicas constituye una práctica grave que afecta la eficiencia del gasto público y limita las oportunidades de competencia para empresas legítimas.
Para mayor transparencia, la resolución No. RII-DE-AAC-004-2025 se encuentra disponible en la página web de Pro-Competencia, donde se ofrecen detalles del alcance y procedimiento de esta investigación.
La apertura del proceso, concluyó la entidad, es una muestra del compromiso institucional con la vigilancia y sanción de las prácticas que distorsionan los mercados y afectan directamente a la ciudadanía.
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