Bartolo García
Santo Domingo.– El presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier, participó en el conversatorio “Casación y revisión constitucional”, desarrollado en el marco de la Conferencia del Poder Judicial 2026.
El espacio fue moderado por Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, quien condujo el diálogo abordando aspectos fundamentales del sistema judicial dominicano.
Durante su intervención, Estévez Lavandier explicó que la diferencia esencial entre el recurso de casación y la revisión constitucional radica en la naturaleza de los órganos que los conocen y en las funciones que la ley y la Constitución les han asignado.
En ese sentido, indicó que la casación forma parte de la justicia ordinaria y está diseñada para que los procesos concluyan en la Suprema Corte de Justicia, encargada de ejercer el control de legalidad sobre las decisiones judiciales.
El magistrado precisó que este recurso busca corregir violaciones a las normas jurídicas, garantizando que las sentencias se ajusten al derecho vigente y se respeten las reglas procesales.
Por otro lado, explicó que la revisión de decisiones jurisdiccionales ante el Tribunal Constitucional tiene como objetivo garantizar la supremacía de la Constitución, permitiendo revisar decisiones de la Suprema Corte y otros tribunales para proteger los derechos fundamentales.
Asimismo, destacó que el juez constitucional opera bajo principios y técnicas distintas, propias de la justicia constitucional, lo que marca una diferencia significativa frente a la jurisdicción ordinaria.
El presidente del alto tribunal reveló que la revisión constitucional representa una gran parte de los casos que conoce esa corte, indicando que de los 1,814 expedientes tramitados en 2025, más de mil correspondieron a este tipo de recurso en materias penal, civil y administrativa.
En el marco de la conferencia, el presidente de la República, Luis Abinader, participó en el acto de apertura, donde se destacaron importantes avances del país en materia institucional y judicial.
Durante esa intervención, Alejandro Ponce, del World Justice Project, resaltó que la República Dominicana fue el país con mayor crecimiento en el índice de Estado de Derecho entre 143 naciones, con un incremento de 2.1%, a diferencia de la tendencia negativa observada en la mayoría de los países.
Ponce explicó que estos avances responden a mejoras en la efectividad de los pesos y contrapesos, el control de la corrupción y la eficiencia del sistema de justicia. Además, destacó que en 2025 el país avanzó 11 posiciones y que, entre 2021 y 2025, acumuló un crecimiento de 5.4%, en contraste con una caída promedio global de -1.8%.
Finalmente, Estévez Lavandier subrayó los avances en la modernización del sistema judicial, destacando la interoperabilidad digital entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, lo que permite agilizar los procesos y ofrecer respuestas más oportunas, en un contexto de fortalecimiento institucional continuo.
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