Estado dominicano recupera terrenos estratégicos en Bahía de las Águilas
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, recibió oficialmente el certificado de propiedad de manos del Procurador General de la República, Jean Rodríguez. Este documento confirma que los terrenos, que anteriormente estaban en manos privadas de forma fraudulenta, ahora forman parte del patrimonio público nacional.
Espinal agradeció al Procurador y al equipo jurídico que durante años trabajó incansablemente para revertir esta situación y devolver los terrenos al Estado. Por su parte, Rodríguez destacó que esta entrega representa el cierre definitivo del que ha sido el mayor caso inmobiliario en la historia republicana dominicana.
Antecedentes judiciales y lucha contra el fraude
El caso se remonta a 2014, cuando la Octava Sala del Tribunal de Tierras del Distrito Nacional anuló los títulos emitidos a particulares dentro de la parcela 215-A. Esta decisión fue ratificada en 2016 por el Tribunal Superior de Tierras y confirmada posteriormente por la Suprema Corte de Justicia.
Origen del fraude en los años 90
El fraude inmobiliario se originó entre 1992 y 1995, involucrando a varios funcionarios del gobierno de esa época y del registro de títulos de Barahona. Estos certificados ilegales incluían terrenos que forman parte del Parque Nacional Jaragua, violando claramente la legislación ambiental y de protección territorial.
Impacto y recuperación del patrimonio público
La recuperación de estos terrenos en Bahía de las Águilas fortalece la conservación ambiental y asegura la integridad de uno de los ecosistemas más valiosos del país. Además, reafirma el compromiso del Estado dominicano en la defensa de sus bienes y el combate contra la corrupción inmobiliaria.
Claves del caso
- Fraude: Operaciones ilegales entre funcionarios y registro de títulos entre 1992 y 1995.
- Irregularidades: Certificados fraudulentos que involucraban áreas del Parque Nacional Jaragua.
La entrega oficial del título marca un hito en la protección del patrimonio natural y territorial de la República Dominicana, asegurando que estos valiosos terrenos permanezcan bajo control estatal para beneficio de la nación.
