Las organizaciones que forman parte de la Alianza por la Alimentación Saludable solicitaron hoy al Congreso Nacional la discusión y aprobación urgente de medidas que detengan las miles de muertes provocadas en el país por el consumo de comida procesada alta en grasas saturadas, azúcares y sal.
Durante un encuentro con los legisladores que forman parte del Foro de Parlamentarios Contra el Hambre, representantes de la Alianza propusieron la regulación estricta de la publicidad de alimentos y bebidas malsanas dirigida a la infancia, así como un régimen de etiquetado obligatorio para todos los productos alimenticios y bebidas que indique de manera sencilla y clara “si contienen altas, medias o bajas cantidades de los ingredientes implicados en las enfermedades vinculadas a su consumo excesivo”, en función de las recomendaciones de la Organización Panamericana para la Salud (OPS).
La solicitud de la Alianza forma parte de los resultados recientes del estudio “Comida Insana en República Dominicana”, en el cual se explica que el 20% de las muertes registradas en el país tienen relación con el consumo de comida procesada alta en grasas trans, azúcares añadidos y sal.
En las conclusiones del estudio también se plantea prohibir el etiquetado de alimentos con menciones como “natural”, “artesanal” y otros que consistan en fraude y que lleven a la confusión del consumidor, al mismo tiempo que generan una falsa diferenciación respecto a los productos verdaderamente producidos de esa manera.
Proteger la escuela y promover alimentos sanos
Al entregar sus propuestas al diputado Hamlet Melo, coordinador del Frente Parlamentario para el Hambre, Celeste Solano, vocera de la Alianza, dijo que el Estado dominicano debe garantizar que en los centros educativos existan opciones saludables de alimentación, y que exista un control efectivo de la publicidad y distribución de la alimentación malsana en todas sus formas dentro de los mismos. Esta normativa, agregó, debería ser de obligado cumplimiento en procura de eliminar toda forma de publicidad, promoción y distribución de alimentos malsanos en los centros educativos.
Por otro lado, y con el objetivo de desincentivar su consumo, se propone incluir medidas impositivas que aumenten los precios de los alimentos insanos, mientras se reducen los impuestos sobre las opciones alimentarias saludables, en particular productos frescos o con mínimos procesados.
“Para conseguir un impacto en la obesidad y en las enfermedades cardiovasculares es necesario aplicar un impuesto regresivo de al menos 20% a refrescos y bebidas azucaradas, que deberá ajustarse al nivel de inflación, como medida para asegurar que no pierda su efectividad con el paso del tiempo, y el impuesto debe calcularse por gramos o mililitros del producto”, indica el documento suscrito por la Confederación Nacional de Mujeres del Campo (CONAMUCA), la Asociación Nacional de Enfermeras (ASONAEN), el Observatorio Nacional Para la protección del consumidor (ONPECO), la Articulación Nacional Campesina (ANC), el Movimiento de Campesinos Trabadores Las Comunidades Unidades Unidas (MCCU), la Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA), la Asociación Dominicana de Nutricionistas dietista (ASODONUD), y Justicia Alimentaria-VSF.
El documento de propuestas además incluye: garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria, priorizando el fomento del desarrollo de la agricultura y ganadería familiar, social, sostenible, orientada al derecho a una alimentación sana para el conjunto de la población; incorporar elementos en el ámbito educativo que actúen sobre el ambiente alimentario insano, actuaciones como introducir elementos de cocina y salud alimentaria en el ámbito curricular, comedores escolares de proximidad o los huertos escolares; y cumplimiento por parte del Estado del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna de la OMS/UNICEF, adoptando medidas que promuevan, protejan y apoyen la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses y la lactancia materna acompañada con alimentación adecuada, nutritiva y saludable hasta los dos años o más, y prohibiendo la promoción publicidad y patrocinio de los sucedáneos de la leche materna.
