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Un conjunto de organizaciones sociales, ciudadanos y ciudadanas de La Vega, articulados al colectivo Ciudadanía Vigilante, expresaron este miércoles su respaldo a los trabajos que realiza el Ministerio Público para castigar la corrupción administrativa, y en especial por los esfuerzos dirigidos a sancionar a los responsables de los sobornos y las sobrevaluaciones del caso Odebrecht.

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En un documento público, las organizaciones comunitarias, juveniles, ambientalistas, sindicales y de mujeres, profesionales, religiosos y empresarios de La Vega afirmaron que la persecución y el castigo implacable a la corrupción corresponden, consecuentemente, a la sed de justicia que movilizó durante dos años ininterrumpidos a amplios segmentos de la población dominicana reclamando el fin de la impunidad.

Entre los firmantes figuran la Asociación Dominicana de Profesores (ADP-seccional La Vega); el Movimiento Ecológico y Social Voces del Camú; el Colegio de Abogados filial La Vega; la Red de organizaciones Sociales y Comunitarias; la Federación de Juntas de Vecinos; Marcha Verde La Vega; el Frente Estudiantil Flavio Suero (FEFLAS); el Movimiento de Trabajadores Independientes, el Movimiento de Mujeres Trabajadoras, y la vicealcaldesa Amparo Custodio.

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También suscriben la posición Heriberta Fernández activista social; Diomedes Reyes, del Comité de Lucha; Negro Suriel; Vicente Núñez, educador popular; Olivo Fernández, educador; José Adelis Contreras; el Dr. Estelio Peña; Juan José Rodríguez, dirigente deportivo; Miguelina Espinal, directora de escuela; y Mario Acevedo director de escuela.

En su comunicado estas organizaciones sostienen que la magistrada Mirian Germán Brito y el equipo de fiscales que le acompañan están mostrando empeño en llevar a cabo investigaciones serias, siguiendo el debido proceso y procurando evidencias sólidas que hagan posible la construcción de expedientes bien fundamentados que puedan terminar con castigo ejemplar para los corruptos y la recuperación de lo robado.

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“Sancionarla y derribar el manto de impunidad que la ha sostenido es uno de los principales imperativos de la actual coyuntura que vive República Dominicana. En el mes de la patria, en este febrero histórico, el mejor tributo que podemos rendir a los fundadores de la República es cumplir con nuestro deber patriótico de respaldar el trabajo arduo y esperanzador que realiza la Procuraduría General de la República”, concluyen en el texto entregado por ante las autoridades judiciales de la ciudad de La Vega.

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