Bartolo García
El Observatorio Latinoamericano de Desarrollo Sostenible manifestó su inquietud por el ambiente de opinión que se ha generado en torno a los contratos de excepción del Sistema Nacional de Salud en la República Dominicana.
La entidad consideró improcedente la comparación mediática de estos procesos con situaciones ocurridas en el pasado vinculadas al SeNaSa, al entender que se trata de contextos y naturalezas administrativas completamente distintas.
En un pronunciamiento de carácter técnico, el organismo explicó que estas analogías distorsionan la realidad operativa del sector sanitario y pueden generar una percepción errónea sobre mecanismos que están previstos dentro de la normativa pública.
El director del observatorio, Alberto Castillo Aroca, sostuvo que la provisión de insumos médicos altamente especializados requiere en muchos casos modalidades de contratación por exclusividad, contempladas y validadas por los órganos reguladores.
Indicó que presentar estos procedimientos como sinónimo de irregularidad administrativa vulnera la presunción de inocencia de los proveedores y erosiona la confianza en la cadena de suministro de servicios críticos.
El OLDS subrayó que las contrataciones de excepción no son una práctica arbitraria, sino una herramienta prevista para responder a necesidades técnicas donde no existen múltiples oferentes con capacidad certificada.
Asimismo, valoró de manera positiva que las autoridades del SNS hayan decidido pausar y revisar determinados procesos de licitación como parte de una cultura de transparencia y mejora continua.
A juicio del observatorio, estas revisiones deben interpretarse como un ejercicio responsable de gestión pública y no como una señal automática de irregularidades.
La organización alertó que la presión mediática excesiva, cuando no está sustentada en análisis técnicos, puede provocar parálisis administrativa y retrasos en decisiones clave.
Advirtió que estos escenarios aumentan el riesgo de desabastecimiento de insumos médicos, lo que impactaría de forma directa a hospitales y pacientes.
El observatorio insistió en que la sostenibilidad del sistema de salud depende de un entorno de seguridad jurídica que brinde confianza tanto a proveedores como a las instituciones públicas.
Señaló que los debates públicos son necesarios, pero deben sustentarse en evidencia, conocimiento normativo y comprensión de los procesos técnicos.
En ese sentido, exhortó a los actores políticos, mediáticos y sociales a manejar la información con responsabilidad y equilibrio.
El OLDS reiteró su compromiso con el fortalecimiento institucional de los sistemas de salud de la región y con la promoción de buenas prácticas de gobernanza.
Finalmente, hizo un llamado a que cualquier análisis sobre contrataciones públicas se realice desde una perspectiva técnica, evitando comparaciones simplistas que puedan dañar la credibilidad del sector sanitario dominicano.
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