Bartolo García
Santo Domingo, RD. – El Ministerio Público obtuvo la primera sentencia de extinción de dominio en la República Dominicana, luego de que un tribunal ordenara el traspaso al Estado de tres vehículos incautados mientras eran utilizados para el transporte de cigarrillos de contrabando en la provincia La Vega.
La decisión fue emitida por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, convirtiéndose en el primer fallo de este tipo desde la entrada en vigor de la Ley 340-22 sobre Extinción de Dominio y la creación de la Unidad de Extinción de Dominio del Ministerio Público, impulsada por el Consejo Superior de la institución que preside la procuradora general Yeni Berenice Reynoso.
Durante el proceso, el Ministerio Público, representado por la Unidad de Extinción de Dominio y la Procuraduría Regional de La Vega, demostró que los vehículos eran utilizados para actividades ilícitas relacionadas con el contrabando de mercancías, razón por la cual procedía su recuperación a favor del Estado dominicano.
La sentencia dispone la entrega al Estado de dos camiones de las marcas Mack y EICHER, modelos MS300P y PRO3008G, de los años 1996 y 2021, respectivamente, así como de un minibús Toyota Town Ace modelo 2019, todos empleados para el transporte ilegal de cigarrillos.
Los vehículos fueron ocupados durante un operativo realizado el 4 de julio de 2025 en la comunidad de La Penda, provincia La Vega, por miembros de la Unidad de Erradicación del Comercio Ilícito del Ministerio Público, en coordinación con el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM).
El Ministerio Público valoró la decisión como un importante precedente en la lucha contra el crimen organizado y las actividades ilícitas, al reafirmar que continuará utilizando las herramientas legales disponibles para recuperar bienes obtenidos o utilizados en violación de la ley.
La institución recordó que la Ley 340-22 establece la posibilidad de extinguir el dominio de bienes adquiridos mediante actividades ilícitas o vinculados al crimen organizado, tanto dentro como fuera del territorio nacional cuando existan acuerdos de cooperación internacional, con el objetivo de recuperar esos activos en favor del Estado dominicano.
