Extorsión sexual en América Latina y el Caribe: un problema que afecta principalmente a mujeres en servicios públicos sanitarios y educativos
Una de cada cinco personas sufre extorsión sexual al acceder a servicios públicos en Latinoamérica
Una alarmante realidad afecta a América Latina y el Caribe: una de cada cinco personas enfrenta extorsión sexual al intentar acceder a servicios públicos esenciales. Este fenómeno, que incide principalmente en las mujeres, fue revelado en el reciente estudio sobre corrupción regional publicado por la ONG Transparencia Internacional (TI).
Según el Barómetro Global de la Corrupción, que encuestó a más de 17.000 personas en 18 países, las mujeres son las principales víctimas de sobornos sexuales (“sextortion”) en sectores como la salud y la educación. Además, el 71% de la población reconoce que este tipo de corrupción ocurre con frecuencia en la región.
La extorsión sexual: un doble tabú que afecta a las mujeres
Patricia Moreira, directora ejecutiva de Transparencia Internacional, explicó a la agencia EFE que “es fundamental analizar el vínculo entre corrupción y género”. Destacó que la extorsión sexual es un doble tabú, ya que combina la corrupción con la discriminación sexual, dificultando su visibilización y combate.
Por primera vez, el Barómetro resalta cómo el soborno con exigencias sexuales afecta desproporcionadamente a las mujeres. El informe señala que, al ser las cuidadoras principales en sus hogares, las mujeres dependen más de servicios públicos, lo que las expone a este tipo de abuso. Mientras tanto, los hombres suelen pagar sobornos para obtener seguridad policial o documentos personales.
Conozca los países con mayor incidencia de extorsión sexual
Los países con los índices más altos de extorsión sexual en la región son Barbados (30%), Bahamas (24%) y Guatemala (22%). En contraste, Panamá y Chile reportan las cifras más bajas, con un 14%. Otros países como República Dominicana y Colombia registran un 16%, mientras que Argentina (19%), Brasil (20%) y México (20%) se ubican cerca del promedio regional.
Recomendaciones para combatir la extorsión sexual en servicios públicos
Transparencia Internacional insta a los gobiernos a reconocer la extorsión sexual como una forma grave de corrupción. Recomiendan implementar medidas para reducir la cultura del averiguamiento y culpabilización de las víctimas, que desalienta a las mujeres a denunciar estos abusos.
Además, se solicita que los sistemas judiciales cuenten con herramientas adecuadas para enfrentar la sextorsión, así como mecanismos de denuncia que sean seguros, accesibles y sensibles a la perspectiva de género.
La corrupción generalizada sigue en aumento en América Latina
El Barómetro Global de la Corrupción también revela que más de la mitad de los ciudadanos en América Latina y el Caribe percibe un aumento de la corrupción. Especialmente en países como Venezuela, República Dominicana y Perú, la confianza en la lucha contra la corrupción es baja.
El 53% de los encuestados considera que la situación ha empeorado en el último año, aunque esta cifra es inferior al 62% reportado en 2017. Además, un contundente 85% afirma que la corrupción en el Poder Ejecutivo es un problema grave, y solo uno de cada cinco ciudadanos confía en su gobierno para combatirla.
Patricia Moreira subraya que “la preocupación crece no solo por la corrupción, sino porque los gobiernos no ofrecen respuestas coherentes y efectivas”.
Sobornos en servicios públicos: un problema extendido
El estudio indica que el 20% de los ciudadanos ha tenido que pagar sobornos para acceder a servicios básicos como agua, electricidad, salud y educación. Los países más afectados son Venezuela (50%), México (34%) y Perú (30%), mientras que Costa Rica registra solo un 7%, el nivel más bajo.
Entre los servicios más corruptos destacan la policía (24%), proveedores de servicios básicos (19%), emisión de documentos de identidad (15%), colegios (12%), juzgados (11%) y centros de salud (10%).
Denunciar la corrupción: un riesgo pero también una esperanza
El barómetro destaca que tres de cada cuatro personas creen que denunciar la corrupción puede acarrear represalias, especialmente en países como El Salvador, Honduras, Jamaica y Venezuela. Sin embargo, el 77% confía en que cualquier persona puede marcar una diferencia en la lucha contra estas prácticas corruptas.
