América Latina y el Caribe registra 20% de víctimas de extorsión sexual

Por AFP

Corrupción y extorsión sexual en América Latina y el Caribe: un problema creciente según Transparencia Internacional

París, Francia. La corrupción en América Latina y el Caribe sigue avanzando y vulnerando los derechos de los ciudadanos, mientras las autoridades muestran poca eficacia para combatirla. Así lo revela el último informe del Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional, que alerta sobre la grave incidencia de la extorsión sexual en la región.

Extorsión sexual afecta a una de cada cinco personas en la región

El estudio anual, basado en entrevistas a más de 17.000 ciudadanos de 18 países latinoamericanos y caribeños, destaca que una de cada cinco personas ha sufrido extorsión sexual o conoce a alguien que ha pasado por esta situación. Además, el 71% de los encuestados afirma que este fenómeno ocurre al menos de forma ocasional.

Como dato alarmante, el informe señala que Barbados (30%) y Guatemala (23%) son los países con mayor proporción de casos reportados. Esta nueva mirada hacia la dimensión de género en la corrupción muestra cómo muchas mujeres se ven forzadas a ofrecer favores sexuales para acceder a servicios básicos como la atención médica y la educación.

Frente a esta realidad, Transparencia Internacional urge a los líderes políticos a reconocer y combatir las formas de corrupción que afectan principalmente a las mujeres, haciendo un llamado a implementar el Compromiso de Lima sobre la corrupción, adoptado en 2018.

Sobornos y compra de votos: prácticas comunes en la región

El informe revela que el 85% de la población latinoamericana y caribeña considera la corrupción un “gran problema”, mientras solo un 13% la percibe como un problema menor. Patricia Moreira, directora general de Transparencia Internacional, enfatiza que “la ciudadanía tiene derecho a denunciar la corrupción y a esperar que los políticos actúen con integridad”.

En cuanto a sobornos para acceder a servicios públicos esenciales, más de una de cada cinco personas (21%) ha pagado para obtener atención médica o documentos oficiales. En este aspecto, Venezuela destaca negativamente: el 61% de sus ciudadanos reporta haber sido solicitado para pagar sobornos.

Estas prácticas corruptas se intensifican durante los procesos electorales. Según el estudio, a una de cada cuatro personas en la región se le ofreció un soborno para votar, acompañado en muchos casos de amenazas. En México, una de cada dos personas recibió un soborno y una de cada cuatro fue amenazada durante elecciones nacionales, regionales o locales.

Desconfianza generalizada en las instituciones públicas

La corrupción arraigada hace que la confianza de la ciudadanía en las instituciones disminuya drásticamente. Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional, denuncia que “presidentes, parlamentarios y otros líderes políticos actúan para favorecer sus propios intereses, a costa de los ciudadanos a quienes deberían servir”.

En países como Venezuela, donde el 87% de los encuestados percibe un aumento en la corrupción, el 90% expresa poca o ninguna confianza en la Justicia y la policía. Situaciones similares se observan en Colombia, El Salvador, Guatemala, Panamá y Perú, donde el 90% de la población no confía en estas instituciones.

Además, el 53% de los entrevistados identifica a la oficina del presidente o primer ministro y al Parlamento como las entidades públicas más corruptas.

Temor a represalias y desconocimiento de derechos frenan denuncias

Un gran obstáculo para combatir la corrupción es que la mayoría de los ciudadanos desconoce sus derechos y teme represalias, algo que afecta al 73% de los encuestados. La confianza en la eficacia de las denuncias también varía: mientras que en Brasil el 57% cree que denunciar puede generar acciones, en Venezuela solo un 19% confía en que las denuncias surtan efecto.

A pesar de estas dificultades, el 77% de los ciudadanos sostiene que denunciar la corrupción puede tener un impacto positivo. Por ello, Transparencia Internacional insta a los gobiernos a “canalizar esta energía positiva y empoderar a la población” para fortalecer la lucha contra la corrupción en América Latina y el Caribe.