Bartolo García
El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso 18 meses de prisión preventiva contra Santiago Marcelo Hazim Albainy, exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), y otros seis imputados vinculados a un presunto entramado de corrupción administrativa.
La decisión fue adoptada por el magistrado Rigoberto Sena, quien acogió la solicitud del Ministerio Público tras valorar los elementos probatorios presentados en el expediente del denominado caso Cobra, relacionado con el manejo irregular de fondos públicos.
Como parte de la medida dispuesta, el tribunal ordenó que Hazim Albainy cumpla la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo, al considerar que existen suficientes indicios de su participación en los hechos investigados.
De acuerdo con la acusación, los imputados habrían participado en un esquema que provocó un desfalco superior a los RD$15,000 millones en perjuicio del Seguro Nacional de Salud, afectando recursos destinados a la cobertura médica de miles de afiliados.
Junto al exdirector de Senasa, la medida de coerción también fue impuesta a Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero de la institución, señalado por su presunta participación en la autorización y manejo de operaciones financieras irregulares.
En el proceso figura además Germán Rafael Robles Quiñones, exgerente jurídico, a quien el Ministerio Público atribuye un rol clave en la estructuración legal de contratos y procedimientos administrativos contrarios a la normativa vigente.
Otro de los imputados es Francisco Iván Minaya Pérez, exgerente de Salud, quien presuntamente intervino en la aprobación de servicios y pagos que formaban parte del esquema bajo investigación.
Asimismo, el tribunal ordenó prisión preventiva contra Rafael Luis Martínez Hazim, sobrino del exdirector y fundador de la empresa MyCare, señalada como una de las compañías beneficiadas mediante contratos irregulares con Senasa.
La medida también alcanza a Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera, quienes fungían como proveedores y habrían participado en procesos de facturación y cobros fraudulentos, según el expediente acusatorio.
Durante la audiencia, el Ministerio Público sostuvo que la magnitud del daño económico, la complejidad de la investigación y el riesgo de fuga u obstrucción del proceso justifican la imposición de la prisión preventiva.
Las defensas de los imputados rechazaron las acusaciones y solicitaron la aplicación de medidas menos gravosas, argumentando que no existe peligro de fuga ni de interferencia en el proceso judicial.
No obstante, el magistrado Rigoberto Sena consideró que la prisión preventiva es la medida más idónea para garantizar la presencia de los imputados, preservar las pruebas y asegurar el adecuado desarrollo de la investigación.
El caso Cobra se suma a otros procesos judiciales de alto perfil relacionados con presuntos actos de corrupción en instituciones públicas, generando un amplio debate sobre la transparencia y el manejo de los fondos del Estado.
Con esta decisión, el proceso entra en una fase clave, mientras el Ministerio Público continúa profundizando las investigaciones con miras a presentar la acusación formal en la etapa correspondiente del juicio.
0 Comentarios
La conversación continúa aquí. Sé respetuoso y aporta tu punto de vista.
Sé la primera persona en dejar un comentario.
Los comentarios están cerrados para esta publicación.