Gobierno cambia Cartas Compromiso por Cartas de Servicios para mejorar atención al ciudadano

Santo Domingo. – El Poder Ejecutivo emitió el Decreto 676-25, que redefine la estrategia del Programa Cartas Compromiso al Ciudadano y lo convierte en Cartas de Servicios, reformulando las obligaciones y compromisos de las instituciones públicas en favor de una mejor atención a la ciudadanía.

Esta actualización marca un avance significativo en la modernización de la gestión pública y en la forma en que las instituciones del Estado se relacionan con la ciudadanía, incorporando elementos de diseño y rediseño de los servicios públicos centrados en el usuario, al incorporar herramientas sobre la experiencia del usuario para profundizar en sus necesidades y expectativas.

La nueva estrategia, liderada por el Ministerio de Administración Pública (MAP), pone mayor énfasis en el seguimiento a los servicios y la medición de la calidad de los mismos y con estas se busca que las instituciones midan lo que hacen y muestran resultados, con un enfoque más centrado en mayor control, transparencia y mejora en la atención a la ciudadanía.

Otra de las novedades que trae el Decreto No. 676-25 es que todas las instituciones con Cartas de Servicios aprobadas deben tener sus trámites y servicios incorporados al Catálogo de Servicios del Estado, facilitando así el acceso de los usuarios, al igual que los trabajos de automatización y la prestación de servicios en línea. 

Este programa tiene el propósito de mejorar la calidad de los servicios que se brindan al ciudadano y a las instituciones, garantizando la transparencia en la gestión y fortalecer la confianza entre el ciudadano y el Estado.

Mediante las Cartas de Servicios se busca garantizar mayores niveles de transparencia y rendición de cuentas, así como establecer instrumentos de monitoreo y evaluación de la calidad de los servicios, en coherencia con las necesidades y expectativas de los ciudadanos.

La nueva metodología se ejecutará en la administración pública de manera priorizada, tomando en cuenta aquellas instituciones cuyos trámites o servicios tengan mayor impacto, según la demanda ciudadana, la incidencia en su sector, su alineación con las estrategias de Gobierno, los planes nacionales de desarrollo y la agenda de transformación digital, entre otros criterios.