La Asociación Dominicana de Fiscales de Carrera (Adofic) denunció su “estupor” por el envío de una carta remitida a las diferentes procuradurías fiscales del país firmada por una “supuesta Comisión de Transición en el Ministerio Público” en la que se les solicita información y agendar una cita con el titular de la alegada comisión para cumplir con el decreto número 238-20 del presidente Danilo Medina sobre las delegaciones de transición gubernamental.
El presidente de Adofic, Wellington Matos Espinal, recordó a quienes hicieron llegar la comunicación, alegando ser designados por la Comisión Municipal de Transición del Partido Revolucionario Moderno, que “la Constitución (en su artículo 169)” y la Ley Orgánica 133-11 del Ministerio Público contemplan que solo al procurador general de la República y la mitad de sus adjuntos, que son siete, son designados por el presidente de la República, lo que aún no ha ocurrido. Recuerda que todos los demás fiscales son por concursos y de carrera.
Al rechazar la misiva, Matos Espinal argumenta que “el sistema de carrera, organizado conforme a la ley antes indicada, tiene un rango constitucional y tales comisiones en el Ministerio Público no tienen ningún asidero jurídico, mucho menos efecto ni validez legal”.
El presidente de la Asociación Dominicana de Fiscales de Carrera (Adofic) explica en una comunicación de prensa, enviada a Diario Libre, donde hace la denuncia, que con la Constitución 2010 que está vigente y le Ley Orgánica del Ministerio Público “desapareció la cancelación y el nombramiento de los fiscales por decreto presidencial”, como ocurría antes de la actual carta magna.
Ahora se debe ingresar a la carrera del Ministerio Público después de haber pasado un concurso de oposición y de aprobar la capacitación inicial en la Escuela del Ministerio Público, indica Matos Espinal.
“Si no se cumplen con dichos trámites, las actuaciones y efectos jurídicos de tales funcionarios serían nulas de pleno derecho”, arguye.
Agregó el presidente de la Adofic que, en el mismo sentido, la Ley No. 41-08 de Función Pública que, además creó el Ministerio de Administración Pública, regula las relaciones de trabajo del personal administrativo de las diferentes procuradurías fiscales, por lo que debe ser canalizada cualquier solicitud a través de los mecanismos correspondientes y no de “motu propio” en cada provincia.
Solicitó que a las autoridades que han de regir los destinos del país a partir del 16 de agosto desautorizar y desaprobar cualquier acción tendente a desconocer el contenido del ordenamiento jurídico y llamarles la atención a tales miembros de dichas comisiones por ser contrarias a la ley.
“Entendemos que estas comunicaciones y formación de comisiones se deben a un desconocimiento total de la Constitución dominicana que establece un sistema de carrera para garantizar la permanencia de los integrantes del Ministerio Público, regulando su inmovilidad, régimen disciplinario y demás preceptos, entre ellos su órgano de gobierno, definidos y contenidos a través de la Ley 133-11, por lo que, invitamos a toda la comunidad jurídica a tomar conocimiento de dicho contenido para no formarse “vanas ilusiones” o conceptos errados que distan mucho de la realidad”, sostiene la Adofic.
La citada institución afirma que son respetuoso de la Constitución, como norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico de la nación y que se apegan fielmente a sus contenidos para “cumplirla y solicitar el cumplimiento de la misma”.
