Por Liliam Mateo
Santo Domingo, RD.- Para que la Suprema Corte de Justicia, logre que el Gobierno le asigne el presupuesto que por ley le corresponde debe elevar sus exigencias directamente ante el Tribunal Constitucional, sugirió el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS).
El doctor Servio Tulio Castaños Guzmán, explica que el Consejo del Poder Judicial, como órgano de gobierno es quien debe exigirle al Estado dominicano que, tal como ordena la Ley de Presupuesto General, cumpla con la asignación del 2.66% del PIB al Poder Judicial, establecido en la Ley No. 194-04, formalizándolo directamente ante el Tribunal Constitucional a través de un conflicto de competencia.
Según el vicepresidente ejecutivo de la FINJUS, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en su discurso de rendición cuentas con motivo del Día del Poder Judicial “mostró la precariedad con la que los tribunales realizan su labor”.
Castaños Guzmán, destaco que el presidente de la SCJ, doctor Mariano Germán Mejía planteó en su discurso con motivo del Día del Poder Judicial, que muchos de los problemas referidos a la eficiencia y eficacia de la justicia dominicana están centrados en la falta de recursos económicos.
En virtud de que el Poder Ejecutivo no cumple con el mandato de la Ley de Autonomía Presupuestaria, dando lugar a que el monto asignado al Poder Judicial sea apenas de un 52 por ciento del que le corresponde, le compete legalmente al Poder Judicial hacer dicha exigencia.
Finjus dijo se identifica con lo expresado por el Magistrado Presidente, manifestamos que ha llegado el momento de dar un paso adelante en la solución institucional de esta irregularidad.
“Lo que procede en términos institucionales es el uso de los recursos democráticos consignados en nuestra Constitución para garantizar una mejoría del Poder Judicial, esto es, que se haga constar la existencia de un conflicto de competencia que sea resuelto por el Tribunal Constitucional”.
Recordó Servio Tulio que en el artículo 59 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales, No. 137-11, se establece que le corresponde al Tribunal Constitucional resolver los conflictos de competencia de orden constitucional entre los poderes del Estado, así como los que surjan entre cualquiera de estos poderes y entre órganos constitucionales.
“Es bien sabido que al ser dos poderes del Estado que están conminados a velar por un mismo asunto de orden público, se hace necesaria la intervención de este órgano constitucional para obtener una respuesta jurídicamente óptima. El titular del Consejo del Poder Judicial es a quien le corresponde exponer precisamente las razones jurídicas en que se fundamente el conflicto, tal como lo establece el artículo 60 de la Ley No. 137-11”.
Sobre el llamado del Magistrado Presidente de la Suprema Corte de Justicia con relación a la necesidad de que se produzca una gran unidad institucional y social para enfrentar la grave y triste realidad del feminicidio, FINJUS se solidariza y apoya esta propuesta acertada.
Nos preocupa que ese gran Pacto que propone el magistrado Presidente pudiera terminar siendo una nueva expresión de buenas intenciones si las instituciones oficiales que están llamadas a dirigir e implementar las acciones más importantes del mismo no vencen dos obstáculos fundamentales: en primer lugar la falta de recursos para materializar los planes y programas que se han diseñado.
Y, en segundo la incoordinación entre todos los entes que están involucrados en el tema Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de la Mujer, Vicepresidencia de la República, Policía Nacional, Ministerio de Salud, entre otros.
