Investigan jueza por permisos especiales a 62 reclusos en Fin de Año

Consejo del Poder Judicial investiga a jueza por permisos especiales a 62 reclusos en San Cristóbal

SAN CRISTÓBAL, RD.- El Consejo del Poder Judicial anunció este martes el inicio de una investigación contra la jueza interina Katerine Arletti Rubio Matos, del Tribunal de Ejecución de la Pena de San Cristóbal. La magistrada concedió permisos especiales por fin de año a 62 reclusos condenados por diversos delitos, principalmente relacionados con casos de drogas.

Permisos otorgados a internos vinculados a casos emblemáticos

La autorización firmada por la jueza Rubio Matos benefició a internos involucrados en casos notorios como Figueroa Agosto, Paya y Florián Féliz, entre otros. Según el documento, los presos recibirían el permiso con el fin exclusivo de visitar a sus familiares.

Los reclusos favorecidos cumplen condena en el Centro Abierto de Mujeres Sabana Toro y en el Centro Correccional de Rehabilitación 20 de San Cristóbal, dos de las principales instituciones penitenciarias de la provincia.

Fechas y revocación de los permisos especiales

Los permisos se otorgaron en diferentes periodos: algunos del 29 de diciembre al 2 de enero, otros del 30 al 31 de diciembre, y el resto del 30 de diciembre al 1 de enero. Estas fechas coincidieron con las festividades de fin de año, lo que generó atención en el ámbito judicial y público.

Sin embargo, el pasado domingo, el Ministerio Público emitió un comunicado oficial anunciando la revocación de la medida. Como resultado, los 62 internos regresaron a sus respectivos centros penitenciarios, poniendo fin al permiso especial otorgado.

Implicaciones y seguimiento a la investigación

El caso ha generado debate sobre la concesión de permisos en el sistema penitenciario dominicano, especialmente para presos vinculados a delitos graves. La investigación del Consejo del Poder Judicial busca esclarecer las circunstancias bajo las cuales se otorgaron estos beneficios y determinar responsabilidades.

Este proceso también pone en foco la supervisión y control de las autoridades judiciales en la ejecución de penas, un tema de interés para las instituciones de justicia y la sociedad en general.