En un comunicado, Finjus dijo que el Ministerio de Educación actuó apegado a la legalidad al usar los mecanismos que le otorga la Ley Orgánica de Educación de la República Dominicana No. 66-97 para producir esa selección, utilizando los procedimientos adoptados en la Ordenanza No. 24-2017 que Reglamenta el Sistema Competitivo de Selección de Directores Regionales y Distritales.
“Ajustándose a su contenido, el Ministerio encomendó a una Comisión de Expertos el estudio de los expedientes de los 149 candidatos presentados y posteriormente el ministro realizó la designación correspondiente. De acuerdo a la información suministrada por el Ministerio, los profesionales seleccionados responden a los criterios de idoneidad y competencia que la Ley y la Ordenanza plantean”, indica el comunicado de la entidad.
Posterior a este Proceso, algunos directivos de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) han anunciado que desconocen la decisión del Ministerio de Educación y desde el pasado viernes 2 de marzo han iniciado acciones para impedir que las personas designadas puedan acceder a sus despachos y funciones.
La entidad entiende que las acciones que han comenzado a tomar estas personas para impedir el cumplimiento de una decisión emanada de la Ley constituye una nueva edición de las actitudes antidemocráticas que caracterizan a algunos sectores que se niegan a acatar las decisiones del ordenamiento jurídico y representan una grave amenaza a la estabilidad, la gobernabilidad y la convivencia pacífica.
Entiende que esa actitud constituye una vulneración del derecho fundamental a la educación de niños, niñas y adolescentes de República Dominicana.
Esta actitud antidemocrática es la que exhiben en ocasiones algunos gremios en el área del transporte que ha llegado a obstaculizar el libre tránsito y han entorpecido el normal desenvolvimiento de los muelles del país.
En ese sentido, exhortó al Ministerio de Educación a tomar todas las medidas legales que sean adecuadas para garantizar el derecho fundamental a la educación en la sociedad dominicana, procediendo a elevar los recursos necesarios en la jurisdicción correspondiente para poner un alto a estas actitudes que dañan gravemente a los más pobres del país.
Ningún sector puede atribuirse una posición de juez y parte en los conflictos que se originan en una sociedad democrática, colocándose por encima del ordenamiento jurídico y erigiéndose en propietario de la verdad y la razón.
Para la institución, es el momento de enfrentar esta grave situación que se está abriendo con firmeza y apego total al debido proceso y los procedimientos legales y constitucionales vigentes.