Faride Raful acusa al Gobierno de Danilo Medina de desviar recursos públicos para campaña electoral
Santo Domingo, RD.- La diputada Faride Raful denunció que el Gobierno del expresidente Danilo Medina utilizó recursos estatales de forma irregular para financiar su campaña política. La legisladora del Partido Revolucionario Moderno (PRM) expuso estas acusaciones durante la sesión de la Cámara de Diputados celebrada este martes.
Denuncia basada en investigación periodística revela contratos millonarios irregulares
Raful se refirió al reportaje del programa Informe con Alicia Ortega, que destapó la existencia de 38 contratos sospechosos a empresas de asfaltado, con un monto que supera los 11 mil millones de pesos. Según la investigación, estos contratos fueron adjudicados de manera irregular, violando la ley y perjudicando las finanzas públicas.
“El Gobierno de Danilo Medina se roba el dinero del pueblo. Cuando se violenta una ley para otorgar contrataciones ilegales, eso se llama robo, no tiene otra definición”, afirmó la diputada Raful, en el marco de la discusión sobre la modificación del presupuesto nacional para el año 2019.
Críticas a la gestión pública: carencias en educación, salud y seguridad
Faride Raful aprovechó su intervención para destacar las múltiples problemáticas que enfrenta el país bajo la administración del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). “Estamos discutiendo un presupuesto en un país donde faltan escuelas, mueren niños en hospitales, hay alta delincuencia y desempleo, y la gente vive con miedo en las calles. Tampoco se ha resuelto el problema del agua potable”, denunció.
Ministerio de Obras Públicas y contratos por excepción bajo la lupa
La investigación periodística reveló que el Ministerio de Obras Públicas destinó alrededor de 11,500 millones de pesos para la compra de hormigón asfáltico caliente entre abril y septiembre de 2019. Estos recursos fueron utilizados para pavimentar calles en distintas zonas del país mediante contratos de excepción, adjudicados antes del anuncio oficial de la candidatura presidencial del entonces ministro Gonzalo Castillo.
Los siete contratos cuestionados están disponibles para consulta en el portal oficial de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, lo que confirma la transparencia parcial de la documentación, pero no la legalidad de los procesos.
