Santo Domingo, RD. – El Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) ha sido señalado nuevamente por mantener prácticas cuestionables en sus procesos de licitación pública, en esta ocasión bajo la referencia MIVHED-CCC-LPN-2025-0017, para la construcción de viviendas sociales y rehabilitación de hábitats a nivel nacional.
De acuerdo con el ingeniero Teodoro Tejada, los pliegos de condiciones presentados incluyen recaudos financieros excesivos y excluyentes, lo que genera un ambiente propicio para la corrupción y coloca en entredicho el cumplimiento de la Constitución dominicana.
Entre los artículos constitucionales que, según Tejada, se estarían vulnerando, destacan el 6, relativo a la supremacía de la Constitución; el 7, que define al país como un Estado Social y Democrático de Derecho; y el 8, que establece la función esencial del Estado en garantizar derechos y dignidad.
También se resalta la posible violación al artículo 39 sobre igualdad, que prohíbe cualquier tipo de discriminación y exige al Estado promover condiciones que aseguren una participación equitativa de todos los sectores sociales.
Tejada enfatizó que los requisitos financieros incluidos en la licitación afectan de manera directa a las MIPYMES, ya que establecen condiciones que superan sus posibilidades económicas y, en consecuencia, limitan su capacidad de competir en igualdad de condiciones.
Además de los aspectos constitucionales, se señala que el proceso infringe la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, modificada por la Ley 449-06, específicamente en lo que concierne a la transparencia, la competencia leal y la inclusión de pequeños y medianos proveedores.
La resolución DGCP44-PNP-2023-0011, emitida en diciembre de 2023, es utilizada como sustento en el pliego de condiciones, pero de acuerdo con especialistas, esta normativa no fue diseñada para justificar montos base tan elevados ni para restringir el acceso de oferentes.
El monto estimado de esta licitación asciende a RD$307,640,963.03, cifra que de por sí representa una barrera significativa para pequeños oferentes, quienes ven en estas cifras una clara preferencia hacia grandes consorcios.
Uno de los puntos más polémicos del pliego es la exigencia de cartas bancarias que demuestren líneas de crédito equivalentes al 30% del presupuesto del lote para grandes empresas, y al 15% para las MIPYMES. Para críticos, esta disposición excluye automáticamente a la mayoría de constructores medianos.
“Estas condiciones no son razonables ni necesarias para garantizar el éxito de las obras; más bien parecen diseñadas para direccionar la licitación hacia oferentes previamente identificados”, advirtió Tejada.
La situación, agregó, pone en riesgo principios de transparencia y equidad, al tiempo que contraviene la obligación del Estado de promover la inclusión y la participación real de todos los sectores productivos en los procesos públicos.
Tejada también recordó que el derecho a la vivienda, el trabajo, la salud y la seguridad social, recogidos en los artículos 59, 60, 61 y 62 de la Constitución, no pueden quedar subordinados a prácticas administrativas restrictivas que generan exclusión.
Finalmente, advirtió que, de no corregirse estos procedimientos, el país continuará destinando cuantiosos recursos en un sector donde prevalece la improvisación, mientras se mantiene marginada a gran parte de las empresas nacionales que buscan participar en igualdad de condiciones.
El llamado es a que el MIVHED rectifique sus políticas de contratación y garantice procesos inclusivos, transparentes y ajustados a la Constitución y la Ley de Compras y Contrataciones, en beneficio de la sociedad y del sector construcción en su conjunto.
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