Por Ana Bertha Pérez
En tiempos donde la inmediatez digital parece imponerse sobre la verdad, resulta imprescindible detenernos a reflexionar sobre los límites éticos y legales del uso de las redes sociales. El reciente pronunciamiento del salsero dominicano Yiyo Sarante no solo marca una postura firme en defensa de su imagen, sino que también abre un debate urgente sobre la responsabilidad colectiva en la construcción o destrucción de la reputación ajena.
Durante años, el artista ha construido una carrera sólida, cimentada en talento, disciplina y una conexión genuina con su público. Su voz ha cruzado fronteras, llevando la salsa dominicana a escenarios internacionales con dignidad y orgullo. Sin embargo, ese mismo reconocimiento lo ha convertido en blanco fácil de prácticas irresponsables: uso indebido de su imagen, suplantaciones digitales y la difusión de informaciones falsas que nada tienen que ver con su vida ni con sus valores.
Lo preocupante no es solo la existencia de estos contenidos, sino la ligereza con la que son consumidos y replicados. En una cultura digital dominada por el “like” y la viralidad, la veracidad ha pasado a un segundo plano; y es ahí donde el daño se multiplica. No se trata únicamente de un artista, se trata de un ser humano cuyo honor, buen nombre e identidad están protegidos por la ley.
La Constitución de la República Dominicana, en su artículo 44, es clara: toda persona tiene derecho a su honra, a su buen nombre y a su propia imagen. Este no es un privilegio que se pierde al alcanzar notoriedad pública. Muy por el contrario, es un derecho que debe ser aún más resguardado ante la exposición mediática. Así lo han reiterado el Tribunal Constitucional en sentencias como la TC/0011/12 y la TC/0249/22, donde se establece que la difusión de información falsa o el uso indebido de la imagen conlleva consecuencias legales, incluyendo sanciones económicas y la obligación de reparar el daño causado.
La decisión de Eduardo (Yiyo) Sarante de emprender acciones legales no debe interpretarse como un acto de confrontación, sino como un ejercicio legítimo de defensa. Durante mucho tiempo, según su representación legal, el artista optó por la tolerancia, evitando conflictos innecesarios. Pero la tolerancia, cuando es malinterpretada como debilidad, abre la puerta al abuso.
Es momento de entender que las redes sociales no son territorios sin ley. Detrás de cada perfil hay responsabilidades, y detrás de cada publicación hay consecuencias. Difamar, inventar o asociar a una persona con hechos falsos, o hechos de otros, no es libertad de expresión: es una violación de derechos fundamentales.
Defender a Yiyo Sarante en este contexto no es solo respaldar a un artista; es defender el principio de justicia en la era digital. Es recordar que la reputación no se improvisa ni se destruye impunemente. Y es, sobre todo, hacer un llamado a la conciencia colectiva: informarse antes de compartir, verificar antes de juzgar y respetar siempre la dignidad ajena. Porque al final del día, la verdadera grandeza no está solo en los escenarios, sino también en la firmeza con la que se protege lo más valioso: el nombre propio.
