Bartolo García
Santiago, RD. – Un conductor cuya identidad se desconoce destruyó varias barandillas ubicadas en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Estrella Sadhalá en Santiago, dejando evidentes daños a la infraestructura vial diseñada para proteger a peatones y organizar el tránsito en esta zona de alto flujo vehicular.
El incidente se suma a una larga lista de hechos similares en los que conductores imprudentes arrasan con mobiliario urbano sin enfrentar consecuencias económicas o legales, provocando pérdidas que, finalmente, son pagadas con los recursos del Estado y, por ende, de toda la ciudadanía.
De acuerdo con residentes y comerciantes cercanos, este tipo de accidentes ocurre con frecuencia, pero rara vez se identifica a los responsables, quienes deberían asumir el costo total de las reparaciones como ocurre en países con una cultura de respeto a los bienes públicos.
Cada lámpara del tendido eléctrico tumbada, cada acera destruida, cada baranda arrancada y cada verja dañada implica gastos adicionales para los ayuntamientos y las instituciones del Gobierno, recursos que podrían destinarse a mejoras urbanas o servicios comunitarios.
En una sociedad organizada, los bienes del Estado son considerados patrimonio de todos, y quien los daña debe responder judicial y económicamente. Sin embargo, en República Dominicana prevalece la impunidad ante estas acciones.
Expertos en movilidad urbana sostienen que la degradación constante del entorno público también afecta la percepción de seguridad, el orden y la convivencia ciudadana.
Además, el daño reiterado a estas estructuras físicas puede causar accidentes más graves en el futuro, pues las barandillas cumplen una función protectora para peatones y vehículos al delimitar zonas de riesgo.
El irrespeto a la infraestructura pública refleja una preocupante falta de conciencia ciudadana, donde muchos no reconocen que estas obras se financian con los impuestos que todos pagan, incluso aquellos que luego destruyen lo que se construyó con sacrificio colectivo.
Organismos municipales han reiterado la necesidad de implementar sistemas de vigilancia más rigurosos, cámaras, y procedimientos ágiles para que los responsables respondan por sus actos.
Juristas consultados afirman que las leyes existen, pero su aplicación sigue siendo débil; en muchos casos, ni siquiera se levanta un acta formal de los daños ocasionados.
La Alcaldía de Santiago y la Dirección de Tránsito han insistido en campañas de concientización, pero estas acciones pierden impacto cuando quienes violan las normas quedan en libertad sin ninguna consecuencia.
El llamado es claro: urge fortalecer los mecanismos de control, multas y cobro de reparaciones para que el comportamiento ciudadano responsable sea la norma y no la excepción.
Las autoridades y la sociedad civil coinciden en que proteger lo que es de todos es un acto de ciudadanía y respeto colectivo. No se trata solo de infraestructura, sino de construir una ciudad más ordenada, segura y digna para todos.
Los daños materiales pueden repararse. Lo urgente es corregir la conducta que los provoca y asumir, como comunidad, que el patrimonio público es responsabilidad de todos protegerlo.
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