Río de Janeiro, Brasil. – Miles de personas salieron a las calles este viernes para protestar contra el operativo policial que el pasado martes dejó más de 120 fallecidos en esta ciudad, en lo que se considera la operación más mortífera realizada por las autoridades estatales brasileñas.
La manifestación, encabezada en su mayoría por residentes de los barrios Penha y Alemão, reunió a familiares de las víctimas y activistas sociales en un campo de fútbol de Penha, donde se exhibieron pancartas y consignas en contra del gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro.
Entre los asistentes también hubo familiares de personas fallecidas en operativos anteriores, quienes expresaron su dolor y solidaridad. “Fue un shock tremendo ver que un joven fue asesinado en el mismo lugar donde murió mi hijo”, declaró una madre afectada a Agencia Brasil.
La operación más sangrienta
El operativo tenía como objetivo desmantelar una estructura del Comando Vermelho, considerado el grupo criminal más poderoso de Brasil. Para ello, se desplegaron unos 2,500 agentes en las favelas de Penha y Alemão.
El saldo fue al menos 121 muertos, incluyendo cuatro policías, y decenas de detenciones. Vecinos del área reportaron haber encontrado cuerpos en los bosques cercanos, mientras que docenas de cadáveres fueron trasladados a la Plaza Sao Lucas para su identificación.
Indignación y reclamos al Estado
“Nosotros, que vivimos en las periferias, sufrimos discriminación. Pero el Estado no puede vernos como enemigos. Tiene que cuidar a su pueblo”, expresó la líder sindical Raimunda de Jesús durante la protesta.
Diversos movimientos sociales y defensores de derechos humanos calificaron la acción policial como una masacre, denunciando uso excesivo de la fuerza, falta de transparencia y violaciones a los derechos de los residentes de las comunidades afectadas.
Investigación judicial en curso
Ante la magnitud del hecho, el juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, ordenó que el gobernador Claudio Castro comparezca para rendir declaraciones sobre la operación.
La audiencia fue programada para el lunes 3 de noviembre, y abordará el nivel de fuerza empleada, el número real de víctimas y la responsabilidad de las autoridades estatales en el operativo.
La comunidad internacional y organismos de derechos humanos han expresado su preocupación por lo ocurrido, mientras familias enteras en Río de Janeiro siguen esperando respuestas e identificación de sus seres queridos.
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