Bernardo Espinosa, dirigente de la ACIS, impulsa la aprobación de la Ley de Transparencia Patrimonial
Santiago, RD.- Bernardo Espinosa, asesor financiero y destacado dirigente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), enfatizó hoy la urgencia de aprobar la Ley de Transparencia, Declaración y Amnistía Patrimonial para complementar la vigente Ley de Lavado de Activos 155-17.
La Ley 155-17 y sus limitaciones en la prevención del lavado de activos
Espinosa advirtió que la Ley 155-17, diseñada como una herramienta de prevención, no debe convertirse en un mecanismo de “persecución y chantaje”. Para ello, es indispensable que se apruebe una legislación que regule la transparencia patrimonial y permita una declaración voluntaria y amnistía para quienes regularicen su situación.
El experto en materia impositiva explicó que una de las principales novedades de esta ley es la designación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) como supervisora de las operaciones comerciales, industriales y de servicios. Esto convierte a todos los actores económicos en sujetos obligados a cumplir la normativa.
Impacto en la recaudación y riesgos de aplicación selectiva
“Esta ley ha sido una bendición para las recaudaciones estatales, no por un crecimiento real de la economía, sino porque incluye el delito tributario como antecedente de lavado de activos”, señaló Espinosa.
Sin embargo, advirtió que esta interpretación puede criminalizar actos que antes eran legales por prescripción natural, generando inseguridad jurídica y posibles injusticias. En este sentido, destacó que sin la aprobación de la ley de transparencia, la legislación actual puede ser utilizada de forma arbitraria.
“Con las debilidades institucionales del país, la ley podría aplicarse de forma selectiva, convirtiéndose en una herramienta de chantaje o persecución contra adversarios políticos o económicos”, alertó el dirigente de la ACIS.
Contexto histórico y presión internacional
Espinosa recordó que la Ley 155-17 fue aprobada y promulgada en apenas tres días, el 16 de julio de 2017, sin un debate profundo ni análisis por parte de los congresistas. Esta rapidez respondió a presiones de organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), encargado de regular la lucha contra el lavado de activos a nivel mundial.
Asimismo, destacó que bancos internacionales y organismos financieros amenazaron con retirar corresponsalías bancarias, aumentar las tasas de interés y limitar el acceso a créditos si el país no adoptaba la ley, que llevaba retrasada más de 15 años. Esta situación representaba una amenaza significativa para la estabilidad económica nacional.
Conclusión: la necesidad urgente de la Ley de Transparencia Patrimonial
Bernardo Espinosa concluyó que para garantizar un marco legal justo y evitar abusos, es imprescindible aprobar cuanto antes la Ley de Transparencia, Declaración y Amnistía Patrimonial. Solo así se podrá asegurar que la lucha contra el lavado de activos sea efectiva, equitativa y respetuosa de los derechos ciudadanos, fortaleciendo la institucionalidad y la confianza en el sistema financiero dominicano.
