La Oficina de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal aplazó para el próximo viernes cinco de noviembre el conocimiento de medida de coerción a los 14 imputados, acusados de pertenecer a una supuesta red ligada al lavado de activo y narcotráfico, desmantelada en el marco de la Operación Larva.
El Ministerio Público sostuvo que el magistrado Doménico Eduardo Núñez suspendió la audiencia a fin de que los abogados de los imputados preparen la defensa, así como citar a personas jurídicas que están puestas en causa y no fueron convocadas por el tribunal hoy.
De acuerdo a las declaraciones de Ramona Santana Uceta, titular interina de San Cristóbal, el Ministerio Público cuenta con más de 300 pruebas contra los imputados, por lo que aseguran tener un caso sólido.
La audiencia se desarrolló a puertas cerradas en la tercera sala del Palacio de Justicia Máximo Puello Renville, en San Cristóbal.
En el proceso participaron los fiscales Ramona Santana Uceta, titular interina de San Cristóbal; Luis Alberto García, Daryl Montes de Oca, Laura Segura y Fanny Garabito.
Durante el proceso de investigación, el Ministerio Púbico asegura que pudo identificar al acusado José Aníbal González Cubilette (El Don y/o El Chamaquito) como la persona que lideraba la organización criminal, conjuntamente con su padre José Aníbal González Luna. Estos supuestamente, contaban con la “colaboración oportuna, necesaria y estratégica de su primo Jorge Luis Herasme Estrella, en el proceso de blanqueo de capitales. Se dijo que estos hombres desde el año 2007 operan juntos en actividades de lavado de activos.
Las pesquisas oficiales señalan la participación directa en las actividades de narcotráfico y lavado de activos, de los imputados María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Henry Luis Herasme Estrella, Luis Ney Herasme, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano).
Asimismo, Elizabeth Spartaro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Jorge Elías Medina Muñoz (Mustag), Manuel Alejandro Puig Pérez (El Señor Puig), Ramón Eduardo Pina Reyes (Bombón), Luis Jiménez (Bonaai y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Compres (Ray), Yira Mariela Zimmermann, Rusber José Suarez Díaz (Ojitos), Luis Rafael Díaz Mora (Blicho) y Domingo Adalberto Ventura González (Nuevayor).
La acusación señala que los miembros de la red invertían las ganancias obtenidas en actividades del crimen organizado en el sector inmobiliario, y alegadamente utilizaban a familiares de los principales miembros de la estructura y compañías fantasmas, para adquirir inmuebles suntuosos en sectores exclusivos del Distrito Nacional, Punta Cana y Santiago de los Caballeros, así como también vehículos de alta gama y armas de fuego de alto y bajo calibre.
Los documentos oficiales también establecen que la red adquirió inmuebles de alto costo a título personal, no acorde con el perfil económico reportado por las entidades oficiales como Tesorería la Seguridad Social (TSS) y la Dirección General de Impuestos Interno. Y compraron vehículos de alta gama no acorde con el perfil económico de los imputados.
El Ministerio Público agrega que los miembros de la organización se enviaban remesas entre ellos mismos como una forma de circular dinero a través de operaciones “pitufeadas”.
Entre las empresas que supuestamente eran utilizadas para ocultar y lavar dinero ilícito figuran Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María.
También RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y Financiera GDNIPI, S.R.L.
