Bartolo García
Santo Domingo, R.D.– Un nuevo escándalo sacude al sistema de salud dominicano. En los últimos seis años, al menos 11 Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) han sido sancionadas por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) tras comprobarse miles de afiliaciones y traspasos fraudulentos de asegurados sin su consentimiento. Las multas, que suman RD$235.5 millones, no han logrado frenar una práctica que viola derechos, manipula datos personales y pone en riesgo la confianza en el sistema sanitario.
El caso de Laura S. expone el nivel de vulnerabilidad de los usuarios. Un día descubrió que su seguro médico la había vinculado en matrimonio con un hombre que no conocía. “No tengo vínculo ni relación con ese individuo. Mis datos y mi seguridad han sido violentados mediante maniobras fraudulentas”, denunció ante la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA).
Pese a la gravedad del hecho, su aseguradora minimizó el incidente alegando que “los afiliados nunca perdieron su cobertura”, ignorando que incluso una menor vinculada al falso esposo resultó afectada. Casos como este, según la Sisalril, se repiten con alarmante frecuencia en el país.
La institución reguladora ha advertido sobre un incremento sostenido en las afiliaciones y traspasos irregulares, señalando que estas prácticas afectan la sostenibilidad financiera del sistema y vulneran el derecho de los usuarios a elegir libremente su aseguradora. Sin embargo, las sanciones aplicadas han sido desiguales y poco disuasorias, castigando con el mismo monto tanto a empresas con un solo caso como a las que cometieron cientos.
Entre las ARS más señaladas se encuentra APS, acusada de liderar los traspasos ilegales entre 2023 y 2025. En ese periodo, transfirió 1,708 usuarios sin autorización, lo que le valió multas por RD$192.8 millones. Aun así, el monto representa apenas una fracción de lo que habría tenido que pagar si se sancionaran todos los casos individualmente.
El expediente más voluminoso de APS contenía 1,552 traspasos sin aval documental, pero la superintendencia solo la penalizó por 39, aplicando una multa de RD$150.9 millones. En su defensa, la aseguradora alegó que “un grupo de empleados actuó sin autorización institucional”, y que todos fueron posteriormente desvinculados.
En otra investigación, APS fue sancionada por afiliaciones falsas y falsificación de documentos, incluyendo casos en los que un desconocido era añadido como “esposo o esposa” de un afiliado, y días después se registraba un “divorcio” simulado para concretar el traspaso al sistema propio.
Una de las víctimas, Jennifer S., fue trasladada de ARS Futuro a APS mediante esta táctica, mientras recibía un tratamiento de alto costo. La Sisalril calificó el caso como doblemente grave, por el riesgo de interrumpir su medicación y los efectos sobre su salud.
La segunda multa más alta recayó precisamente sobre ARS Futuro, sancionada con RD$10 millones por gestionar de manera dolosa las afiliaciones irregulares de 329 asegurados, y con otros RD$2.6 millones por un lote adicional de 16. Otras empresas también fueron castigadas, entre ellas Monumental (RD$6 millones), Asemap (RD$4.7 millones), CMD (RD$3.3 millones), Simag (RD$2.6 millones), Meta Salud (RD$2.6 millones) y Renacer (RD$2.3 millones).
No obstante, algunos castigos fueron condicionados o perdonados. La ARS del Colegio Médico Dominicano (CMD) fue exonerada bajo el argumento de “no poner en riesgo su estabilidad financiera”, a pesar de haber reincidido. En contraste, la ARS Mapfre Salud pagó la misma multa que CMD (RD$2.6 millones) por un solo caso.
La Sisalril reconoce en sus resoluciones que el esquema de sanciones actual “no ha cumplido su rol de disuasión ni de corrección de la conducta”. De hecho, las aseguradoras obtienen un beneficio económico considerable al comparar las multas reducidas con los ingresos que perciben por los usuarios traspasados ilegalmente.
El presidente de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS), José Manuel Vargas, criticó duramente estas prácticas y exhortó a las autoridades a hacer cumplir la Ley 87-01. “La libre elección del afiliado es un principio sagrado. No se puede permitir que se usurpe la voluntad de la gente ni su información personal”, declaró.
La Sisalril, en su resolución 21-2023, lamentó que varias ARS no entregaran los formularios requeridos ni respondieran a los plazos legales, mostrando “una preocupante resistencia a la transparencia”. También advirtió que los traspasos irregulares “no solo dañan la experiencia del usuario, sino que aumentan la carga sobre las instituciones del sistema, comprometiendo su sostenibilidad”.
Con más de 10.8 millones de afiliados al Seguro Familiar de Salud hasta julio de 2025, las irregularidades en las ARS representan una amenaza estructural para la confianza pública. Mientras los usuarios exigen mayor supervisión, expertos insisten en que la digitalización y los controles cruzados deben ser reforzados para impedir que continúen los fraudes en el sistema de salud dominicano.
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