Bartolo García
La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) afirmó que la muerte de un joven a manos de un agente de la Policía Nacional evidencia las debilidades que, a su juicio, persisten en el proceso de reforma policial impulsado por el Gobierno. La entidad calificó el hecho como lamentable y consideró que genera preocupación sobre la efectividad de las medidas implementadas para transformar la institución.
La organización sostuvo que actuaciones de esta naturaleza no se corresponden con la millonaria inversión realizada en la reforma policial, la cual ha incluido asesorías nacionales e internacionales, programas de capacitación, nuevos uniformes, equipos y otras iniciativas orientadas a fortalecer el desempeño de los agentes y mejorar su relación con la ciudadanía.
ADOCCO manifestó que la sociedad esperaba que esos recursos se tradujeran en una institución más profesional, respetuosa de los derechos humanos y comprometida con la protección de la vida, por lo que entiende que hechos como este afectan la credibilidad del proceso de transformación y obligan a revisar los resultados alcanzados hasta el momento.
En ese sentido, la entidad exhortó a las autoridades a realizar una investigación exhaustiva, independiente y transparente que permita esclarecer las circunstancias del caso, establecer las responsabilidades correspondientes y garantizar el debido proceso, evitando cualquier escenario de impunidad.
Asimismo, solicitó la cancelación inmediata del cabo José Francisco Moreta Heredia, señalado por la muerte del joven Darlin Enmanuel Mercado Reyes, al considerar que no debe permanecer bajo el régimen de alojamiento en el recinto de Operaciones Especiales destinado a miembros de la institución involucrados en hechos ocurridos durante actuaciones policiales.
Finalmente, ADOCCO reiteró la necesidad de someter la reforma policial a una evaluación integral para determinar si los recursos invertidos han producido los resultados esperados y realizar las correcciones necesarias. La organización insistió en que la seguridad ciudadana debe estar sustentada en una Policía Nacional eficiente, transparente y plenamente comprometida con el respeto a la Constitución, las leyes y los derechos fundamentales.
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