Bartolo García
Con motivo del 181 aniversario de la Constitución dominicana, el presidente Luis Abinader encabezó este jueves en San Cristóbal la audiencia solemne del Tribunal Constitucional (TC), reafirmando su compromiso con la institucionalidad, el respeto a las leyes y la consolidación de la democracia.
El acto fue presidido por el magistrado Napoleón Estévez Lavandier, presidente del TC, quien reconoció la presencia del mandatario y resaltó que “no ha faltado a ninguna de las audiencias solemnes celebradas” desde el inicio de su gestión, lo que demuestra su compromiso con los valores constitucionales y la independencia de los poderes del Estado.
Durante su discurso, Estévez Lavandier reflexionó sobre el rol de la ciudadanía y el equilibrio entre los derechos y los deberes fundamentales. “No puede haber plenitud ciudadana pretendiendo ejercer libertades sin asumir responsabilidades. Los deberes constituyen el rostro complementario de los derechos”, expresó el magistrado.
El presidente del TC subrayó que los deberes constitucionales no son simples recomendaciones morales, sino mandatos jurídicos vinculantes que garantizan la convivencia, la justicia y el bien común. “Conmemorar la Constitución no es solo un acto histórico, es renovar nuestra fe en la libertad y la dignidad humana”, sostuvo.
Asimismo, reafirmó el compromiso del Tribunal Constitucional con la defensa de los derechos fundamentales y la supremacía de la Carta Magna, elementos esenciales para sostener la unidad nacional y el orden democrático en la República Dominicana.
Durante la sesión solemne, varios magistrados del Pleno expusieron sobre los deberes fundamentales de los ciudadanos establecidos en el artículo 75 de la Constitución, subrayando la importancia de su cumplimiento para el desarrollo del país.
El magistrado Miguel Aníbal Valera Montero, primer sustituto del presidente, señaló que la ciudadanía no solo se construye mediante la exigencia de derechos, sino también con el cumplimiento de las obligaciones constitucionales, como el respeto al patrimonio público y la transparencia en la función pública.
Por su parte, la magistrada Eunisis Vásquez Acosta destacó la relevancia del servicio al desarrollo y la cooperación solidaria, mientras que Domingo Gil abordó la importancia del principio de solidaridad social, especialmente en momentos de crisis o desastres naturales.
El magistrado Fidias Aristy Payano elogió la transparencia del actual Gobierno en el uso de los fondos públicos, afirmando que el presidente Abinader “ha dado prioridad a las obras de necesidad social y ha administrado los recursos con eficacia y claridad, respondiendo a un anhelo histórico del pueblo dominicano”.
También intervinieron los magistrados José Alejandro Vargas Guerrero y Sonia Díaz Inoa, quienes se refirieron al deber ciudadano de proteger la soberanía nacional y participar activamente en las elecciones, respectivamente, como pilares del sistema democrático.
La magistrada Alba Luisa Beard Marcos resaltó el deber de cooperar con el Estado en materia de seguridad social, mientras José Alejandro Ayuso subrayó la obligación de preservar el medio ambiente y la cultura dominicana, elementos esenciales para el desarrollo sostenible del país.
Asimismo, la magistrada María del Carmen Santana de Cabrera enfatizó la educación como deber fundamental de todos los dominicanos, destacando que “una nación se fortalece cuando sus ciudadanos se educan, respetan las leyes y actúan con conciencia cívica”.
El acto contó con la presencia de altas autoridades del Estado, entre ellas la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso; el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; el del Tribunal Superior Electoral, Ygnacio Camacho; la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; y la gobernadora de San Cristóbal, Pura Casilla.
Con esta solemne conmemoración, el Gobierno reafirma su compromiso con la democracia, la independencia de los poderes del Estado y la cultura constitucional, valores esenciales que garantizan la estabilidad política, la paz social y la justicia en la República Dominicana.
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