Ministro de Hacienda Donald Guerrero es intimado por querella contra funcionarios del Banco de Reservas y MICM
Santo Domingo, RD.- El ministro de Hacienda, Donald Guerrero, fue formalmente intimado para que se pronuncie sobre la querella presentada contra varios funcionarios del Banco de Reservas, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y otras personas vinculadas a la compra del edificio que actualmente alberga esta institución.
Funcionarios y empresarios involucrados en la querella por compra del edificio del MICM
La citación a Donald Guerrero se realiza en su rol como presidente del consejo de administración del Banco estatal. En el expediente también figura el administrador general del banco, licenciado Simón Lizardo.
Además, han sido llamados a declarar el ministro del MICM, arquitecto Nelson Toca Simó, el exministro Temístocles Montás, el exsubadministrador del Banco de Reservas, José Manuel Guzmán Ibarra, y Josefina Antonia Abreu Yarull, del área jurídica del BR.
Junto a estos funcionarios, aparecen en la querella los empresarios privados Ramón Andújar Ramírez y Publio Silva Valencia, quienes negociaron la adquisición del inmueble con el Banco de Reservas y el MICM.
Querella busca esclarecer presunto daño millonario al Estado dominicano
La querella fue interpuesta por el abogado Ángel Moreta con el objetivo de determinar el grado de perjuicio sufrido por el Estado durante la compra del edificio que hoy ocupa el MICM. El querellante estima que el daño económico supera los 8 millones de dólares.
Moreta explicó que la demanda fue presentada el 28 de junio ante la inacción del Ministerio Público y en cumplimiento de la sentencia 0362/2019 del Tribunal Constitucional. Esta resolución reafirma el derecho de ciudadanos e instituciones sin fines de lucro a presentar querellas contra funcionarios públicos.
Irregularidades señaladas en la operación de compra del inmueble
Según la intimación, se pretende esclarecer si el ministro de Hacienda tuvo conocimiento de las irregularidades al autorizar la compra. Entre las supuestas violaciones destacan:
- Incumplimiento del procedimiento establecido en Compras y Contrataciones Públicas.
- Imposibilidad de ejecutar garantías para la entrega del inmueble.
- Falta de poder del Presidente de la República para autorizar la operación.
- Fijación cuestionable del balance financiero de la vendedora al momento de la firma del contrato.
El abogado Moreta enfatiza que el edificio fue comprado por un monto de 31 millones de dólares, pero el Estado habría sufrido un perjuicio económico cercano a 8 millones de dólares debido a estas irregularidades.
