Bernardo Espinosa dirigente de la ACIS aboga aprobación Ley Transparencia Patrimonial
Santiago, RD.- El asesor financiero y dirigente de la ACIS, Bernardo Espinosa, advirtió hoy que la Ley de Lavado de Activo l55-17, que es de prevención no puede convertirse en una legislación de “persecución y chantaje”, por lo que se hace inminente para su aplicación la aprobación de la Ley de Transparencia, Declaración y Amnistía Patrimonial.
Afirma el también experto en materia impositiva que la principal novedad de esta ley es que designa la DGII como supervisor de las operaciones del comercio, industrias y servicios y “nos convierte a todos en sujetos obligados del cumplimiento de esta ley”.
“Esta ley le ha venido como una bendición a las recaudaciones del estado, no porque realmente la economía ha crecido, sino porque incluye el delito tributario como precedente de lavado de activos”, dijo.
De acuerdo al licenciado Espinosa esta forma de aplicación de la legislación convierte lo que podría ser legal anteriormente por la prescripción natural, en ilegal.
Es por ello, que el asesor financiero, dirigente de la ACIS, entiende que se hace urgente, inminente para la aplicación de la ley 155-17, la aprobación de una ley de transparencia, declaración y amnistía patrimonial, como ha ocurrido en todos los países donde se ha implementado esta ley.
“La no aprobación de esta ley y conociendo las debilidades institucionales de este país, podría usarse para una aplicación selectiva, chantaje o persecución por parte quiénes tienen la responsabilidad de aplicar la ley contra lo que les adversan”, advirtió Bernardo Espinosa.
Y agrego que en lugar del principio de aplicación de justicia en las leyes podría convertirse su aplicación en una ley de “injusticias o de justicia selectiva y negación de justicia””.
Recordó Espinosa que el pasado 16 de Julio del 2017 se aprobó y promulgó en tres días la ley155-17, de Lavado de Activo que según congresistas, no la estudiaron y muchos ni la leyeron, más bien para cumplir con una exigencia de organismos internacionales como el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) que regula la materia de lavado de activos a nivel mundial.
Puso de manifiesto que bancos internacionales amenazaron con retirar sus corresponsalías locales y organismos acreedores amenazaron con aumentar los tipos de interés y limitar los créditos de no aprobar esta ley por demás retrasada por más de 15 años, por lo que entiende podía convertirse en una amenaza para la economía nacional.
