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Santo Domingo – El presidente Luis Abinader, junto a la vicepresidenta Raquel Peña, lideró este miércoles el tercer consejo de ministros de su segundo mandato, en el que se conoció el primer presupuesto elaborado bajo las directrices de la recientemente aprobada ley de responsabilidad fiscal.

Altice

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, informó que con este encuentro se da cumplimiento a las normativas constitucionales y legales que exigen que, en fechas establecidas, el consejo de ministros revise y apruebe los lineamientos generales del presupuesto anual, en este caso correspondiente al año 2025.

Presupuesto general para 2025 asciende a RD$1.48 Billones

El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, detalló que el presupuesto general de gastos para el 2025 asciende a 1 billón 484 mil millones 235 millones de pesos, con un déficit estimado del 3.1% del Producto Interno Bruto (PIB). Este presupuesto será presentado al Congreso Nacional antes del primero de octubre, cumpliendo con el plazo legal.

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Vicente destacó la importancia de la ley de responsabilidad fiscal, aprobada hace aproximadamente un mes por el presidente Abinader. Esta ley establece un tope en el crecimiento del gasto primario del gobierno, lo que permitirá controlar el comportamiento del gasto público y reducir la deuda nacional a un 40% del PIB para el año 2035.

Partidas priorizadas en el presupuesto 2025

Abinader encabeza Consejo de Ministros para conocer presupuesto de RD1.48 Billones para 2025a

Entre las asignaciones prioritarias para el 2025, se destacan RD$54 mil millones destinados a programas sociales, RD$83 mil millones para subsidios eléctricos, y RD$10 mil millones para subsidios de combustibles. En el ámbito de obras de infraestructura, el gobierno ha priorizado la terminación del monorriel de Santiago con un presupuesto de RD$24 mil millones, y la extensión de la línea 2C del Metro de Santo Domingo, con RD$12 mil 500 millones.

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Este primer presupuesto bajo la ley de responsabilidad fiscal es visto como un paso clave hacia la estabilidad económica, buscando mayor control sobre el gasto público y garantizando un crecimiento económico sostenible a largo plazo.

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