Bartolo García
SANTIAGO, RD.- La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, ordenó una investigación exhaustiva sobre el caso en el que cinco hombres resultaron muertos durante un operativo de la Policía Nacional en una plaza comercial de La Barranquita, Santiago.
La decisión fue comunicada mediante una carta enviada al procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, y a la fiscal interina de Santiago, Quirsa Abreu.
En el documento, Reynoso solicitó que se realicen las indagatorias necesarias para “determinar las circunstancias objetivas en las que ocurrió el caso en cuestión y proceder conforme al resultado de la misma”.
Los fallecidos fueron identificados como Edward Bernardo Peña Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán Navarro (alias Charly o Charli Chasc), José Vladimir Valerio Estévez, Elvis Antonio Martínez Rodríguez y Julio Alberto Gómez.
Según se informó, todos murieron mientras recibían atenciones médicas en el Hospital Doctor Cabral y Báez de Santiago, adonde fueron trasladados tras el enfrentamiento.
El hecho ocurrió en una plaza comercial ubicada en la avenida Olímpica, del sector La Barranquita, donde, de acuerdo con la versión policial, se produjo un intercambio de disparos entre los agentes y el grupo de civiles.
Durante la balacera también resultó herido el cabo Yohandy Encarnación, quien permanece ingresado en un centro de salud de la provincia bajo observación médica.
Las autoridades policiales aseguran que los hombres abatidos eran parte de una estructura delictiva que estaba siendo vigilada, aunque hasta el momento no se han ofrecido mayores detalles sobre la investigación en curso.
La procuradora Reynoso insistió en que el Ministerio Público debe actuar con total independencia para determinar con precisión cómo se desarrollaron los hechos y si los protocolos de actuación fueron respetados.
El caso ha generado debate público, pues algunos sectores demandan una investigación transparente que permita establecer si existió uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes policiales.
El Consejo Nacional de los Derechos Humanos y otras organizaciones civiles han expresado preocupación, instando a que se garantice el debido proceso y se respeten los derechos fundamentales en la investigación.
De su lado, familiares de los fallecidos acudieron a medios de comunicación locales para reclamar que se esclarezca lo ocurrido, asegurando que algunos de los hombres “no eran delincuentes” y que fueron ejecutados de manera injusta.
Con esta disposición, la Procuraduría busca garantizar que el caso se maneje con apego a la ley, transparencia y responsabilidad institucional, evitando que quede en la impunidad o que genere desconfianza en la ciudadanía.
El proceso investigativo continuará en los próximos días, bajo la dirección de la fiscalía de Santiago y la supervisión de la Dirección de Persecución, quienes deberán presentar los resultados que determinen si el operativo se ajustó o no a la legalidad.
