Una y otra vez: los motoristas

Por Luis González Fabra

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, ha puesto el dedo en la llaga al referirse a uno de los problemas más visibles, y al mismo tiempo más tolerados, de nuestra convivencia urbana: la conducta de una parte significativa de los motoristas en las calles de Santo Domingo.

La ministra aseguró que el uso regular de motocicletas es uno de los principales desafíos en materia de seguridad ciudadana, debido a su vinculación con distintos problemas que afectan la convivencia social y el orden público.

Los datos estadísticos señalan que los motores están asociados a accidentes de tránsito y son utilizados con frecuencia en robos; además, figuran entre los bienes más sustraídos en el país.

No se trata de una generalización injusta, porque también hay miles de ciudadanos que utilizan la motocicleta como un medio digno de trabajo o transporte y cumplen con las normas. Pero no se puede negar la existencia de un segmento que ha convertido la vía pública en un territorio sin reglas.

Ahí están, a plena luz del día, transitando en vía contraria, cruzando semáforos en rojo como si fueran simples sugerencias, desplazándose por aceras destinadas al peatón y, en no pocos casos, exhibiendo una actitud desafiante ante la autoridad que nada hace, y ante el resto de la ciudadanía que observa impotente.

El diagnóstico de la ministra es acertado: se ha llegado a un punto insostenible. Y lo es porque el problema ha dejado de ser meramente vial para convertirse en un fenómeno social. La motocicleta, por su accesibilidad económica y su versatilidad, ha sido una herramienta de inclusión, pero también, en ausencia de regulación efectiva, se ha transformado en un factor de desorden.

En ciudades como Santo Domingo, Santiago de los Caballeros, San Francisco de Macorís, Moca y San José de Ocoa, el fenómeno adquiere matices particulares, pero el patrón es el mismo: congestión agravada, inseguridad vial y una sensación creciente de que las normas solo aplican para algunos.

Y cuando una sociedad percibe que la ley es opcional, el problema deja de ser de tránsito y pasa a ser de convivencia.

Hay, además, un componente cultural que no podemos soslayar. Durante años se ha normalizado el concepto de “son padres de familia”, mal entendido como una justificación que permite que cada quien haga lo que quiera mientras no haya consecuencias inmediatas.

Pero la suma de esas pequeñas transgresiones diarias termina erosionando el orden colectivo. Hoy es un motorista que se sube a la acera; mañana es un vehículo que bloquea una intersección; pasado mañana es una comunidad entera que pierde la confianza en la autoridad.

Ahora bien, señalar el problema es apenas el primer paso. La solución exige una combinación de medidas que deben aplicarse con firmeza y coherencia: regulación efectiva, fiscalización constante y un régimen de consecuencias que no sea simbólico.

No basta con operativos espontáneos que duran lo que dura el titular de prensa. Se requiere continuidad, porque el desorden también ha sido constante.

Pero junto a las acciones del Estado debe producirse un cambio de conciencia ciudadana. No podemos aspirar a una convivencia pacífica si cada quien interpreta las normas a su conveniencia.

La calle no es una selva donde sobrevive el más audaz; es un espacio compartido donde la vida del otro depende, muchas veces, de nuestra conducta.

Hay quienes dirán que esta es una batalla perdida. No lo creo. Las sociedades cambian cuando se alinean tres factores: voluntad política, aplicación de la ley y presión social a favor del orden.

Lo que sí está claro es que seguir como estamos no es una opción. Porque cuando el desorden se vuelve costumbre, el precio lo paga siempre el ciudadano que intenta hacer las cosas bien.

Y ese, paradójicamente, es el más desprotegido.