La presentación de la tarjeta de vacunación COVID-19 para acceder a lugares públicos y privados seguirá siendo una obligación, luego de que fueran rechazadas varias acciones legales que perseguían poner fin a esta disposición del Ministerio de Salud Pública.
A través de una sentencia, la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) declaró inadmisibles las acciones de amparo que buscaban la nulidad del requerimiento de la tarjeta de vacunación contra el COVID-19.
El tribunal justificó que existen otras “vías judiciales que permiten obtener la protección efectiva de los derechos fundamentales invocados”.
Este dictamen generó la reacción inmediata del abogado Yancarlos Martínez, uno de los principales accionantes de estos recursos. Calificó el fallo del tribunal como una “aberración jurídica”.
Consideró que ninguna otra vía puede tutelar los derechos que alegan. Explicó que todas las demás vías judiciales pueden tardar años en resolver este conflicto legal, y que solo el amparo permitía la solución rápida de la litis legal.
“Al declarar inadmisible los recursos, lo que ocurre es que el tribunal decidió que no es competente en atribuciones de amparo para resolver el conflicto. Sino que ese mismo Tribunal Superior Administrativo es competente pero apoderándolo por la vía de un Recurso Contencioso Administrativo, el cual puede durar en la práctica años o largos
meses en tenerse una decisión”, expresó Yancarlos Martínez.
Advirtió que la lucha no ha terminado porque van a proceder interponiendo acciones directas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, además de recursos de revisión constitucional.
Los abogados accionantes están convocando a una manifestación frente al Palacio Nacional el domingo 21 de noviembre, entre otras acciones.
