Por Johanna García
La jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, varió esta tarde la medida de coerción impuesta al mayor general Adán Cáceres Silvestre, principal acusado del caso Coral, de prisión preventiva a domiciliaria, así como a Rafael Núñez de Aza, la pastora Rossy Guzmán y a su hijo Tanner Antonio Flete Guzmán.
Asimismo, la magistrada además dispuso contra el grupo impedimento de salida del país y uso grillete electrónico.
En los casos de Cáceres Silvestre y Núñez de Aza, la jueza les ordenó el pago de 100 millones de pesos como garantía económica. Mientras que a la pastora Rossy Guzmán se le impuso el pago de 50 millones de pesos.
La supuesta red de corrupción administrativa fue desmantelada en abril de 2021 por el Ministerio Público siendo su principal implicado es el exjefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, Adán Cáceres Silvestre.
El Ministerio Público acusa al grupo liderado por Adán Cáceres Silvestre de asociación de malhechores, estafa y otros delitos contra el Estado. Al grupo se impuso 18 meses de prisión preventiva, medida de coerción fue que fue variada este martes.
Reacción de Wilson Camacho
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, cuestionó la decisión de la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, de disponer el cese de la prisión preventiva para el mayor general Adán Cáceres, la pastora Rosy Guzmán, Taner Flete y al coronel Rafael Núñez de Aza, imputados en el caso Coral.
Afirmó que con dicha decisión, el tribunal pretende que el Ministerio Público no haga grandes investigaciones.
“Este tribunal, con la decisión de hoy, pretende que el Ministerio Público no haga grandes investigaciones, pretende que el Ministerio Público no haga investigaciones exhaustivas y pretende, en consecuencia, que el Ministerio Público ejerza de manera irresponsable su función”, dijo. Pero, “eso no va a pasar”, añadió.
Precisó que, a pesar de las pretensiones del tribunal con ese tipo de decisión, el Ministerio Público continuará actuando apegado a la ley y con la responsabilidad que lo caracteriza en estos casos.
