Bartolo García
La madrugada de este sábado, la ciudad de Santiago volvió a teñirse de luto con un nuevo accidente de tránsito. Un vehículo Mitsubishi blanco se deslizó en la avenida Hispanoamericana, dejando como saldo tres adolescentes muertos y cinco heridos, la mayoría menores de edad.
De acuerdo con el informe preliminar, en la camioneta viajaban ocho jóvenes. El impacto fue de tal magnitud que el vehículo quedó totalmente destruido, obligando a la intervención inmediata de las unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias 9-1-1 y de la Policía Nacional.
Entre las víctimas mortales se encuentran un adolescente de 16 años que murió en el lugar, otro de 17 años que falleció en una clínica privada y un tercer menor de 16 años identificado como el conductor, que murió en el hospital José María Cabral y Báez.
Los cinco sobrevivientes permanecen hospitalizados en distintas clínicas. Tres de ellos evolucionan favorablemente, mientras que otros dos adolescentes continúan en estado crítico en cuidados intensivos.
Este hecho se suma a una larga lista de tragedias en las carreteras dominicanas. La imprudencia, el irrespeto a las normas de tránsito y la falta de control efectivo de las autoridades convierten las vías en escenarios de muerte, especialmente para los jóvenes.
Apenas horas antes de este accidente, un autobús de la empresa Caribe Tours colisionó contra la caseta de la estación Pedro Francisco Bonó, de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo. En esta ocasión, la empresa alegó que la causa fue la imprudencia de una jeepeta que no respetó la luz roja.
Aunque en ese caso no hubo víctimas fatales, el historial de accidentes de esta empresa ha despertado dudas sobre el nivel de supervisión y mantenimiento de sus unidades. Críticas frecuentes señalan no solo a la imprudencia de terceros, sino también a prácticas temerarias de algunos de sus choferes, que incluso son acusados de competir entre ellos en plena vía.
El panorama plantea una pregunta inevitable: ¿qué sanciones efectivas aplican las autoridades dominicanas a las empresas de transporte de pasajeros que se ven involucradas de manera reiterada en accidentes? Hasta el momento, las medidas parecen insuficientes para frenar la reincidencia.
La República Dominicana figura entre los países de América Latina con mayor tasa de mortalidad por accidentes de tránsito, según organismos internacionales. La falta de educación vial, la permisividad en el otorgamiento de licencias y la ausencia de controles técnicos a los vehículos son factores que alimentan esta crisis.
En el caso de los jóvenes, la situación es aún más preocupante. La conducción sin experiencia, el exceso de velocidad y el consumo de alcohol se combinan con la falta de supervisión familiar y la débil aplicación de sanciones legales.
Los accidentes de tránsito, más allá de las cifras, son un drama social. Cada vida perdida representa familias destruidas, sueños truncados y una carga económica para el sistema de salud y la sociedad en general.
La muerte de tres adolescentes en Santiago debe servir como un llamado de atención urgente. No se trata solo de un caso aislado, sino del reflejo de un problema estructural que requiere políticas públicas más firmes.
El control estricto del transporte público, la aplicación de sanciones ejemplares a las empresas que no garantizan seguridad y el fortalecimiento de la educación vial deben ser prioridades inmediatas para reducir las muertes en las carreteras.
Mientras no se tomen medidas contundentes, las calles y avenidas del país seguirán siendo trampas mortales donde la vida de los más jóvenes se apaga prematuramente.
