Bartolo García
El ingeniero Teodoro Tejada denunció que diversas instituciones gubernamentales vinculadas al sector construcción están aplicando de forma incorrecta la circular DGCP44-PNP-2023-0011, emitida por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), convirtiéndola en una barrera que restringe la participación de oferentes en licitaciones y sorteos de obras estatales.
Según explicó, aunque la circular fue creada originalmente para establecer parámetros de acreditación, solvencia económica y criterios financieros, su uso actual se ha desvirtuado, generando exclusiones que considera arbitrarias y contrarias al marco legal vigente.
Tejada indicó que las entidades están exigiendo capital registrado y líneas de crédito bancarias como requisitos indispensables para participar en procesos competitivos, aun cuando la normativa dominicana no lo establece. Esto, afirma, deja fuera a profesionales y empresas con amplia experiencia, pero sin acceso a ese tipo de certificaciones financieras.
Recordó que la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, modificada por la Ley 449-06, no contempla requisitos específicos relacionados con capital mínimo o líneas de crédito para aspirar a contratos del Estado.
En ese sentido, advirtió que imponer estas exigencias, sin fundamento legal, distorsiona el espíritu de la ley, que busca promover igualdad de oportunidades, transparencia y libre competencia en los procesos de contratación pública.
Tejada sostuvo que la aplicación de la circular de forma restrictiva contradice además los esfuerzos del presidente Luis Abinader por impulsar prácticas transparentes y reducir riesgos de corrupción en la ejecución de obras estatales.
Manifestó que excluir oferentes calificados basándose únicamente en condiciones financieras no reconocidas por la normativa vulnera derechos constitucionales de participación y afecta la dinámica competitiva que debe regir en el sector público.
El ingeniero resaltó que estas limitaciones no solo afectan a los profesionales y empresas que quedan fuera, sino que reducen el universo de competidores y pueden elevar costos, disminuir la calidad de las obras y afectar el buen uso de los recursos públicos.
Expresó preocupación porque la interpretación actual de la circular crea un precedente negativo que podría perpetuar mecanismos excluyentes en futuras licitaciones si no se corrige oportunamente.
Tejada insistió en que la capacidad técnica, la experiencia profesional y el cumplimiento de la ley deben ser los criterios fundamentales para determinar la elegibilidad de los oferentes, y no condicionantes financieros arbitrarios.
Llamó la atención del director de la DGCP, Carlos Pimentel, sobre el impacto que esta práctica tiene en el funcionamiento del sistema de compras y contrataciones, así como en la percepción de equidad y transparencia del sector construcción.
Solicitó que la DGCP revise el alcance y la aplicación de la circular, con el fin de evitar distorsiones que se aparten de la ley e impidan una competencia real entre los participantes.
Tejada afirmó que, corregir esta situación, fortalecería la confianza en los procesos públicos y garantizaría que las obras gubernamentales sean adjudicadas bajo parámetros justos, legales y transparentes.
Finalmente, reiteró su disposición a dialogar con las autoridades y aportar propuestas que contribuyan a mejorar el sistema de contratación estatal y asegurar que todos los oferentes calificados tengan igualdad de oportunidades para participar.
