Tribunal Constitucional declara en estado de fallo diez expedientes de acción directa de inconstitucionalidad
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Declaración de inconstitucionalidad en diferentes áreas
El Tribunal Constitucional (TC) llevó a cabo una audiencia pública en la que se declararon en estado de fallo diez expedientes de acción directa de inconstitucionalidad. Estos casos abarcan diversas áreas legales, como lavado de activos, naturalización, educación y control de armas.
Expedientes declarados en estado de fallo
- Expediente TC-01-2018-0011: Ataque a la Ley número 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo del 2017 por el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD).
- Expediente TC-01-2018-0012: Ataque a la Ley número 169-14, o Ley de Naturalización Especial.
- Expediente TC-01-2018-0022: Ataque a los artículos 109 y 115 de la Ley número 66-97, Orgánica de Educación de la República Dominicana del 1997 y la Ordenanza número 24-17 relacionada con la selección de directores de educación.
- Expediente TC-01-2018-0013: Ataque al artículo 14 de la Ley número 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados del 2016 por la Asociación de Empresas de Seguridad Privada, INC (Adesinc).
- Expediente TC-01-2018-0014: Ataque a varios artículos de la Ley número 155-17, contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, 2017.
- Expediente TC-01-2018-0015: Ataque a la Ley número 201-01 y la Ley número 153-06 relacionadas con la categorización de comunidades en La Romana.
- Expediente TC-01-2018-0016: Ataque al Auto número 04-2018 dictado por la Suprema Corte de Justicia.
- Expediente TC-01-2018-0018: Ataque al artículo 40 del Decreto 599-01.
- Expediente TC-01-2018-0019: Ataque al artículo 48 de la Ley número 631-16.
- Expediente TC-01-2018-0021: Ataque al artículo 46 del Decreto número 2-2018.
Origen de los actos atacados
Los actos y normas atacados en los expedientes de acción directa de inconstitucionalidad provienen de diversas instituciones, como el Senado y la Cámara de Diputados de la República, el Poder Ejecutivo, la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia y el Consejo Nacional de Educación.