SANTO DOMINGO– Concluyó con éxito el diplomado Constitución, Derechos Fundamentales y Comunicación Social, organizado por el Tribunal Constitucional (TC) con la participación de un nutrido grupo de periodistas del Gran Santo Domingo.
El director interino del Centro de Estudios Constitucionales del TC, licenciado Félix Tena de Sosa, dictó la conferencia central “La libertad de expresión en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, en representación del Pleno de jueces, durante el acto de cierre realizado este jueves 13 en la Escuela Nacional del Ministerio Público.
Tena de Sosa explicó que el derecho a la libertad de expresión e información, además de la dimensión individual que permite a cada persona expresar sus ideas y pensamientos y recibir información, tiene una trascendencia institucional extraordinaria en el Estado social y democrático de derecho porque asegura la existencia de una opinión pública y que los ciudadanos puedan fiscalizar los poderes públicos.
Sostuvo que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha distinguido dos dimensiones diferenciadas del derecho a la expresión e información, esto es, la libertad de expresión en sentido estricto y el derecho a la información, sin embargo, precisó que para la alta corte ambas dimensiones están relacionadas, “en la medida que una persona desinformada no tiene posibilidad de expresarse con eficacia y libertad” (Sentencia TC/0045/13).
En su exposición, el licenciado Tena de Sosa abordó los precedentes más relevantes que el TC ha adoptado en materia de libertad de expresión y destacó la importancia de la sentencia TC/0075/16, en la que el tribunal determinó la inconstitucionalidad de las disposiciones de la Ley sobre expresión y difusión del pensamiento que disponían “sanciones de carácter penal sobre cualquier acto difamatorio o injurioso contra cualquier funcionario público en el ejercicio de sus funciones o personas que ejerzan funciones públicas, [ya que] constituyen una limitación legal que afecta el núcleo esencial de la libertad de expresión y opinión por medio de la prensa”.
Este diplomado, diseñado para 50 comunicadores, contó con los auspicios de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP). El doctor Antonio Medina, vicerrector de extensión de la casa de altos estudios, ofreció las palabras de bienvenida.
De su lado, la licenciada Mercedes Castillo, presidenta del gremio periodístico, habló del significado que tienen estas jornadas para impactar en los públicos a quienes se dirigen los periodistas, comentaristas, editores, articulistas, y abogados, entre otros especialistas de las carreras de Comunicación y Derecho.
Durante las 100 horas académicas que duró el diplomado, expertos del derecho constitucional y de la comunicación a nivel local abordaron los límites constitucionales de la libertad de opinión, información y expresión, la protección a la privacidad, temas de género y otros de vital importancia para los comunicadores y la sociedad, así como los procesos del TC y los recursos con que cuenta la ciudadanía para su defensa.
Los derechos fundamentales, inalienables, irrenunciables e imprescriptibles, centraron los debates desde que inició la formación con una conferencia del magistrado Lino Vasquez Samuel, segundo sustituto del presidente del TC, magistrado Milton Ray Guevara.
Los participantes conocieron diversas sentencias dadas por el Tribunal Constitucional sobre derechos fundamentales, y hubo una cotidiana consulta a la Constitución y las leyes, entre ellas la 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, la Ley 172-13, sobre Protección de Datos Personales y la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública.
En sus ocho años de gestión, el TC ha organizado diplomados para profesionales de la prensa en el Distrito Nacional y otras comunidades ubicadas en el norte, este y suroeste del país con el propósito de apoyar el mejor manejo de la comunicación desde lo que establece la Constitución, y la comprensión ciudadana de los procesos que se originan en la justicia constitucional.
