El órgano regulador suspende por seis meses las resoluciones que modificaban las tarifas y coberturas, para construir una nueva norma junto a los sectores involucrados
Bartolo García
Santo Domingo, RD. – La Superintendencia de Seguros de la República Dominicana anunció la suspensión temporal de las resoluciones 05-2025 y 07-2025, que establecían modificaciones en los límites mínimos de cobertura y tarifas del seguro obligatorio para vehículos de motor.
La decisión, formalizada mediante la Resolución Núm. 10-2025, abre un proceso de consulta pública ampliada con una duración de seis meses, buscando garantizar la participación de todos los sectores impactados por la medida.
El superintendente de seguros, Julio César Valentín Jiminián, explicó que el objetivo es fortalecer el proceso regulatorio y crear una norma consensuada con los gremios del transporte, aseguradoras, organizaciones de consumidores, representantes del sector jurídico y académico, así como con la ciudadanía en general.
“En lugar de imponer una norma, preferimos construirla junto a quienes representa y protege”, señaló el titular de la Superintendencia, subrayando que este paso es clave para generar confianza y legitimidad en la regulación.
Mientras dure la suspensión, continuará vigente el esquema anterior establecido en la Resolución 010-2002, lo que implica que no habrá cambios inmediatos en los montos y condiciones del seguro obligatorio.
La Superintendencia adelantó que en los próximos días se publicará el cronograma oficial de la consulta, que incluirá audiencias públicas, habilitación de plataformas digitales y otros mecanismos institucionales para recibir propuestas y observaciones.
Este proceso permitirá que tanto usuarios como expertos puedan aportar ideas y sugerencias que contribuyan a perfeccionar la regulación, asegurando que esta responda a las necesidades reales del mercado y de la sociedad.
La medida se apoya en el marco legal vigente, incluyendo la Ley No. 146-02 sobre Seguros y Fianzas, la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública, la Ley 167-21 de Mejora Regulatoria, y la Ley 107-13 sobre Procedimiento Administrativo.
Asimismo, se basa en principios constitucionales como la participación ciudadana, la razonabilidad y la seguridad jurídica, fundamentales para una gestión pública transparente y efectiva.
Valentín Jiminián reiteró que “la regulación que queremos para el país debe nacer del consenso y del interés general”, invitando a todos los actores sociales a integrarse al proceso.
Con esta consulta, la Superintendencia busca no solo definir las tarifas y coberturas, sino también modernizar el marco regulatorio del seguro obligatorio para garantizar mayor protección a conductores y peatones.
El organismo supervisor resaltó que este diálogo será una oportunidad para evaluar las realidades económicas y técnicas del sector, así como las mejores prácticas internacionales en materia de seguros.
La decisión marca un precedente en materia de regulación participativa en el país, fortaleciendo el vínculo entre las instituciones públicas y la ciudadanía.
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