«Falsos Positivos»: La obra siniestra del expresidente Álvaro Uribe Vélez

El resultado fue una tragedia humana que dejó más de 6.400 víctimas, una cifra que demuestra la magnitud de la barbarie

Por Rafael Méndez

El caso de los «falsos positivos» es un doloroso recordatorio de cómo la búsqueda de resultados a cualquier costo puede conducir a la más absoluta barbarie.

El Fenómeno de los «falsos positivos» representa uno de los capítulos más sombríos de la historia de Colombia, en el que se produjeron crímenes de lesa humanidad de una magnitud escalofriante, consecuencia de la creación de las condiciones que llevaron al asesinato sistemático de miles de jóvenes por parte de miembros del Ejército Nacional.

Al pasar de los años se acumularon una cantidad abrumadora de pruebas que señalan la responsabilidad directa de la política de seguridad durante los periodos de gobierno del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, consecuencia de  la implementación del Plan Colombia,  en el que se registraron graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo un aumento en los casos de «falsos positivos» y el desplazamiento forzado de comunidades. Algunos críticos señalan que la ayuda militar estadounidense, con su enfoque en la confrontación armada, exacerbó la violencia en el conflicto.

Aunque la justicia colombiana aún tiene una deuda pendiente en la imputación directa del expresidente Uribe Vélez, la evidencia disponible en informes de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), sentencias judiciales y una vasta documentación periodística, apuntan a que fue desde lo más alto del poder que se articuló esa maquinaria del crimen, simulado en «bajas en combates», con cuya acción se recompensa a los mandos militares.

Política de recompensas

El modus operandi de los «falsos positivos» no fue un acto aislado ni una decisión de unos pocos, sino un engranaje bien aceitado por una política de Estado. Las víctimas, jóvenes desempleados, campesinos o personas en situación de vulnerabilidad, eran engañados con falsas promesas de empleo o una vida mejor en regiones alejadas de sus hogares.

Una vez en el lugar, eran asesinadas por los soldados, y posteriormente presentadas como guerrilleros caídos en combate. La siniestra puesta en escena se completaba con la alteración de la escena del crimen, en la que se presentaba a las víctimas con uniformes y armas, propias de grupos guerrilleros que operaban en la zona de combate.

Este mecanismo tenía un propósito claro: inflar las estadísticas de «bajas» para demostrar una supuesta eficacia en la lucha contra la guerrilla, en tanto a los militares que lograban estos resultados eran recompensados con ascensos, condecoraciones y vacaciones, como lo ha documentado la JEP.

Este sistema de incentivos perversos, promovido durante el gobierno de Uribe, generó una espiral de violencia y ambición que llevó a algunos miembros de la fuerza pública a cometer atrocidades inimaginables. El resultado fue una tragedia humana que dejó más de 6.400 víctimas, una cifra que demuestra la magnitud de la barbarie.

La responsabilidad de la cúpula del poder

La responsabilidad de los «falsos positivos» no se puede desligar de la cúpula del poder, debido a que las órdenes para aumentar las «bajas en combate» llegaban desde las más altas esferas del gobierno, como lo han reconocido los propios mandos militares imputados. Si bien Uribe y sus colaboradores siempre han negado su responsabilidad directa, las pruebas demuestran que las políticas de su gobierno, la presión ejercida sobre los militares y la falta de control sobre las operaciones fueron el motor de esta maquinaria criminal.

Las denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre la existencia de estos crímenes fueron sistemáticamente ignoradas y desacreditadas por el gobierno. Las víctimas fueron revictimizadas y sus testimonios descalificados. El caso de los «falsos positivos» es un doloroso recordatorio de cómo la búsqueda de resultados a cualquier costo puede conducir a la más absoluta barbarie, y de cómo la responsabilidad política no puede ser evadida bajo la sombra de la impunidad. Es una herida que sigue abierta en la sociedad colombiana, un clamor por la verdad, la justicia y la no repetición.