Mañana se leerá la sentencia del proceso judicial seguido a los seis imputados que llegaron a juicio de fondo por los US$92 millones de los sobornos que pagó Odebrecht, sin embargo, aquí no están todos los que son ni son todos los que están.
En un principio, el caso comenzó con 14 imputados, muchos de los cuales fueron dejados fuera con el pasar de los años.
La sociedad todavía recuerda los hechos registrados la mañana del 29 de marzo del 2017 cuando, como si se tratara de una película, se televisó eldespliegues de fiscales y policías que realizaron los allanamientos donde fueron arrestados diez de los implicados.
En las imágenes quedaron registrados los apresamientos y el traslado de los imputados hacia el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. En el transcurso de ese mismo día, el entonces procurador Jean Alain Rodríguez convocó a una rueda de prensa para anunciar el sometimiento.
En la solicitud de coerción figuraban 14 imputados que, de acuerdo con el Ministerio Público, fueron mencionados en los documentos e informaciones recibidos de Odebrecht y las autoridades brasileñas.
La medida de coerción le fue solicitada a Ángel Rondón Rijo, César Sánchez, Conrado Pittaluga, Roberto Rodríguez Hernández, Temístocles Montás, Máximo De Óleo, Andrés Bautista, Radhamés Segura, Ruddy González, Víctor Díaz Rúa, Bernardo Castellanos de Moya, Julio César Valentín, Tommy Alberto Galán y Alfredo Pacheco Osoria.
Coerción en principio
La medida de coerción, que en ese entonces era conocida en la Suprema Corte de Justicia por el privilegio de jurisdicción de algunos de los imputados, se discutió durante varias audiencias. El 7 de junio del 2017 el juez de instrucción especial, Francisco Ortega Polanco, dio a conocer su fallo.
Dispuso un año de prisión preventiva en la cárcel de La Victoria para Ángel Rondón; nueve meses en Najayo para Víctor Díaz Rúa y Conrado Pittaluga; Seis Meses en Najayo para Temístocles Montás, Andrés Bautista y Ruddy González. Además impuso tres meses de prisión preventiva para César Sánchez y Máximo de Óleo Ramírez.
El magistrado ordenó arresto domiciliario para Radhamés Segura y Juan Roberto Rodríguez. También fianza de RD$5 millones e impedimento de salida del país para Tommy Galán, Alfredo Pacheco y Julio César Valentín.
Bernardo Castellanos estaba fuera del país y se emitió una orden de captura internacional en su contra. El dos de agosto de 2017 fue detenido cuando regresó al país, dos días después le impusieron coerción de impedimento de salida.
Variación de la medida
Entre las apelaciones y las revisiones de las medidas de coerción que siguieron, todos los imputados quedaron en libertad para seguir su proceso y otros fueron favorecidos con archi- vos y absolución.
Las consideraciones de Miriam
En la apelación que conoció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia donde les variaron la medida de coerción a ocho de los imputados, la magistrada Miriam Germán, hoy procuradora general de la República, emitió un voto disidente que ha perseguido a la acusación durante todo el proceso como un mal presagio.
La magistrada consideró: “En el estado actual de este proceso y con lo aportado para la medida de coerción, se aprecia una dificultad probatoria que, de no ser subsanada por el Ministerio Público en el curso de la investigación, y esperamos que así sea, no augura un futuro esperanzador por el momento, por lo menos del juicio al fondo, donde la prueba debe ser hecha, que no deje lugar a duda razonable”.
En su decisión, la magistrada Miriam Germán aclaró que la teoría del Ministerio Público no es una prueba en sí misma, sino “su concepción de los hechos frente a los cuales debe aportar la correspondiente prueba, y no solo aportar la prueba de manera pura y simple, sino hacerlo bajo condiciones que permitan que las mismas sean controvertidas por la defensa tal como lo establece el principio de laboralidad del proceso”. La decisión de la jueza fue respetada.
