Solicitud  de libertad provisional  de la persona antes de su entrega a la Corte Penal Internacional por Romeo Santos Diaz

En la audiencia inicial ante la autoridad judicial estatal, la persona detenida podrá solicitar la libertad provisional antes de su entrega. Deberá  notificarse cualquier solicitud para libertad provisional a la Sala de Cuestiones Preliminares  de la Corte Penal Internacional, que hará recomendaciones a la autoridad competente del Estado, la cual tomará en cuenta esas recomendaciones antes de tomar una decisión.

Se deberá considerar la gravedad del presunto crimen, y si ¨hay circunstancias urgentes y excepcionales  que justifiquen la libertad provisional¨, y si existen  ¨salvaguardias necesarias para que el Estado de detención  pueda cumplir su obligación de entregar¨.

Si se le concede la libertad provisional a la persona, la Sala de Cuestiones Preliminares, podrá solicitar informes periódicos sobre la situación de la libertad provisional, los cuales deberá proveer el Estado de detención, según el artículo 59 del Estatuto de Roma.

Se deberá  de tomar nota sobre el tiempo de detención en el Estado y mantener este récord hasta que la persona sea absuelta  o condenada por la Corte Penal Internacional, según  lo establece el artículo 78 del Estatuto de Roma.

En cuanto a las obligaciones  acerca de la libertad provisional el Estatuto de Roma establece lo siguiente:

a)      Las personas detenidas por medio de una orden de la CPI deberá tener la oportunidad de ejercer su derecho a solicitar la libertad condicional antes de su entrega, En algunas jurisdicciones, esta aplicación no sería necesaria, ya que la autoridad competente  ya se encuentra obligada a determinar si la persona debe ser detenida  o no, aunque esta no solicite su libertad.

b)      La autoridad competente del Estado requerido deberá tomar en cuenta si, dada la gravedad del supuesto crimen, existen circunstancias urgentes  o excepciones que justifiquen la libertad provisional y si existen las salvaguardias necesarias para que el Estado pueda  cumplir su obligación de entregar a la persona a la CPI. No obstante  el Estado requerido no puede examinar si la orden de detención fue dictada conforme a derecho con arreglo al Estatuto de Roma.

c)       Los Estados deberán notificar a la Sala de Cuestiones Preliminares cualquier  solicitud de libertad provisional, y prever para que las autoridades estatales tomen en cuenta las recomendaciones de la Sala, antes de tomar una decisión.

d)      Si se concede la libertad provisional a la persona, los Estados deberán responder  a cualquier solicitud de la Sala de Cuestiones Preliminares para informes periódicos  al respecto.

En el ámbito de la implementación de la libertad provisional  se necesitan leyes  y procedimientos que permitan la libertad provisional de los sospechosos , tales como leyes  que conceden  fianzas o cualquier otra medida  que restrinja la libertad.Se requieren leyes que garanticen  que la autoridad estatal que tome la decisión de conceder  o no la libertad provisional  deba tomar consideración de los factores  detallados en el artículo 59 del Estatuto de Roma y cualquier recomendación hecha por la Sala de Cuestiones Preliminares  sobre el caso.

Por otro lado, se necesita un procedimiento que informe periódicamente a la Sala de Cuestiones Preliminares sobre el estatus de la libertad provisional. En otras palabras quien sea que conceda  la libertad provisional deberá comunicar esto a la autoridad competente para que informe a la Sala de Cuestiones Preliminares , luego se deberá establecer un mecanismo que revise periódicamente la libertad provisional,  o el estatus de la misma, para luego comunicar esto periódicamente a la Sala de Cuestiones Preliminares.

Las personas que tengan a su cargo  los centros penitenciarios  deberán llevar una cuenta especial  de cualquier persona detenida de conformidad con una orden  de la Corte Penal Internacional, y enviar una copia de tal archivo a esta última, cuando la persona se entregue  ante la  Corte. Esto ayudará a que la CPI  pueda determinar una condena apropiada, si la persona es  posteriormente condenada.