Una investigación periodística ha revelado que Santana Barber Shop, un negocio que se ha hecho famoso colocar mujeres bailando semidesnudas en medio del corte, manifiesta indicios de «proxenetismo» y «explotación sexual» en sus operaciones.
En un programa especial de la periodista Nuria Piera, se expusieron presuntas irregularidades como la participación de menores de edad como bailarinas y como clientes.
SU PROPIETARIO, EDWIN JAVIER SANTANA, AL SER CUESTIONADO SOBRE LABORES DE PROSTITUCIÓN DIJO «YO NO VENDO MUJERES», DESLIGÁNDOSE DEL PERFIL DE PROXENETA QUE PROYECTAN SUS ACTIVIDADES.
El establecimiento surgió en 2016 pero fue registrado en la Cámara de Comercio de Santo Domingo en 2020, con el diverso y amplio objeto social de academia ocupacional de estilismo, así como venta de productos de belleza, de bebidas, comidas y peluquería, pero realmente en este lugar la especialidad es colocar a mujeres bailando eróticamente a los clientes.
En ese sentido, la abogada Laura Acosta cita el artículo 334 del Código Penal que establece: Será considerado proxeneta aquél o aquélla que de cualquier manera ayude, asista, o encubra personas, hombres o mujeres con miras a la prostitución o al reclutamiento de personas con miras a la explotación sexual. Asimismo, el o la que del ejercicio de esa práctica reciba beneficios de la prostitución.
«NO LO HAGO, YO ENTIENDO QUE NO», FUE LA RESPUESTA DE SANTANA TRAS SER CUESTIONADO SOBRE LA APARENTE EXPLOTACIÓN SEXUAL DE SUS EMPLEADAS.
El monto cobrado a los caballeros que asisten a esta barbería varia «dependiendo» del cliente, entre 50 a 100 dólares de los cuales las chicas obtienen un 50%, a parte de las propinas.
Los ingresos en total para las bailarinas pueden ser entre 10,000 y 15,000 pesos mensuales procedentes de la barbería, según explica Santana, quien aclara que otra vía de ingreso es la cuenta de OnlyFans y fiestas a las que son llevadas a bailar.
En el reportaje fueron presentadas exbailarinas que han denunciado exceso de trabajo y poca remuneración económica.
Por su parte, expertos indican que el Ministerio Público debe iniciar una investigación contra el negocio y su propietario con la finalidad de determinar si están incurriendo en un hecho delictivo.
