Bartolo García
SANTO DOMINGO, RD. – La República Dominicana se convirtió en el país con mayor avance mundial en el Índice de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project (WJP), al escalar del puesto 86 al 76 entre 143 naciones evaluadas, y elevar su puntaje de 0.49 a 0.50, un crecimiento equivalente al 2.1%. Este resultado coloca al país en una posición destacada dentro de América Latina y confirma su progreso sostenido en materia institucional.
El WJP Rule of Law Index es una herramienta internacional que evalúa, mediante encuestas a ciudadanos y expertos, el grado en que los países aplican los principios del Estado de Derecho. Sus mediciones abarcan aspectos clave como la ausencia de corrupción, el acceso a la justicia, la transparencia gubernamental, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos.
De acuerdo con el informe, la República Dominicana registró avances significativos en siete de los ocho factores evaluados, destacando particularmente en los límites al poder del gobierno, la justicia civil y la justicia penal, áreas que experimentaron un fortalecimiento notable durante el último año.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina, valoró el resultado como una “señal clara del fortalecimiento institucional del país”, al destacar que la justicia dominicana está avanzando sobre bases verificables.
“El Índice del World Justice Project no es una competencia, es una brújula. Nos muestra dónde estamos y hacia dónde debemos seguir caminando. Esta mejora refleja el esfuerzo diario de jueces, juezas y servidores judiciales comprometidos con una justicia transparente, eficiente y humana”, expresó Molina.
Entre los factores que impulsaron el avance, el informe resalta el fortalecimiento del sistema de justicia penal, que en 2025 mostró mejoras en respeto al debido proceso, no discriminación, eficiencia procesal y ausencia de corrupción. La implementación del sistema nacional de gestión de casos penales permitió una mejor trazabilidad de los expedientes y una reducción significativa de la mora judicial.
Este progreso también se atribuye al trabajo conjunto de la Mesa Interinstitucional de Justicia Penal, conformada por el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República y la Oficina Nacional de la Defensa Pública, que ha impulsado mecanismos de interoperabilidad tecnológica, formación conjunta y seguimiento de casos para garantizar decisiones judiciales más coherentes y oportunas.
Asimismo, el uso de métodos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación y los acuerdos conciliatorios, ha contribuido a descongestionar los tribunales, reforzando la confianza ciudadana en la justicia y ampliando el acceso a soluciones ágiles y efectivas.
En el ámbito de la justicia civil, el reporte destaca mejoras en la agilidad procesal, la integridad judicial y la reducción de la percepción de corrupción, gracias a los programas de modernización implementados desde 2019 en los tribunales civiles, comerciales y contencioso-administrativos.
El estudio también subraya el impacto positivo del Gobierno Abierto Judicial, a través de iniciativas como el Observatorio del Poder Judicial y la Juriteca, que publican en tiempo real decisiones y estadísticas judiciales. Estas plataformas han reforzado la transparencia institucional y posicionan a la República Dominicana como referente regional en acceso a la información judicial.
El fortalecimiento de la Política de Participación Social y la Política de Datos Abiertos Judiciales son otros elementos reconocidos por el WJP, ya que promueven una justicia más cercana al ciudadano y facilitan la fiscalización pública de la gestión judicial.
Con estos avances, la República Dominicana se sitúa entre los 16 países mejor posicionados de América Latina y el Caribe, consolidando una tendencia de mejora constante desde 2019 y ratificando su compromiso con una institucionalidad más sólida y moderna.
El informe proyecta que, de mantenerse esta trayectoria, el país podrá avanzar hacia los objetivos de la Justicia del Futuro 2034, centrada en la eficiencia procesal, el acceso inclusivo y la confianza ciudadana, pilares fundamentales para un desarrollo sostenible basado en el respeto al Estado de Derecho.
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